La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA, denunció el martes el cierre “acelerado” de espacios demócraticos en Nicaragua, al rechazar la ilegalización de 25 organizaciones de la sociedad civil críticas al mandatario Daniel Ortega.

“La CIDH urge a Nicaragua a restablecer las garantías y libertades democráticas y a cesar todo tipo de persecución judicial, administrativa o de cualquier otra índole contra las personas y organizaciones que ejercen actividades legítimas y de relevancia democrática”, dijo en un comunicado.

La Asamblea Legislativa de Nicaragua, controlada por el partido de Ortega, ordenó el 20 de abril anular la personería jurídica de 25 oenegés, alegando incumplimiento de la normativa que regula a las entidades sin fines de lucro.

“Con estas, serían más de 160 las organizaciones de la sociedad civil con personerías jurídicas canceladas por orden del poder legislativo, como parte de la estrategia de cierre de espacios democráticos de participación que lidera el Ejecutivo”, señaló la CIDH, destacando que este proceso es “continuo y acelerado”.

En particular, deploró el cierre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fundada en 1991 y uno de los organismos humanitarios que documentó la represión de las protestas antigubernamentales de 2018, en la que murieron al menos 355 personas.

La CIDH dijo que los integrantes de la CPDH son beneficiarios de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2019 por las amenazas y riesgos a su integridad como consecuencia de su labor.

El gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, cerró el domingo la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua y adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante el bloque regional, del cual ya había anunciado su retiro en noviembre de 2021, pero que, según los protocolos, debe ocurrir en un lapso de dos años.

Ortega declaró este martes de “utilidad pública” el inmueble que albergaba las oficinas de la OEA en Nicaragua y anunció que se convertirá en un museo, tras la expulsión del país de este organismo.

El edificio que ocupaban las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) “ha sido declarado de utilidad pública y pasará al Estado” donde, a través del Instituto de Cultura se creará “el museo de la infamia”, dijo la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, durante su habitual discurso diario a través de medios oficiales.

“Qué más infame que ese ministerio de colonias”, añadió Murillo en referencia al organismo hemisférico, tras confirmar su “expulsión”, efectuada el domingo.

El edificio de tres plantas está ubicado al sureste de Managua, en una zona exclusiva, y tras la expulsión de la delegación de la OEA, fue custodiado por agentes de la policía.