Después de dos días de suspenso, el Congreso peruano, controlado por la oposición, votó a favor de la moción de confianza que presentó el Poder Ejecutivo, una importante victoria política para el presidente Martín Vizcarra, que obtuvo el apoyo para sus reformas anticorrupción.

«Votaron 77 congresistas a favor, 44 en contra y tres abstenciones, por lo tanto ha sido aprobada la moción de confianza», dijo el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al dar cuenta del resultado. El hecho se presenta en un momento de profunda crisis política y, de haber sido rechazada la propuesta, cerca de 130 parlamentarios habrían quedado en la calle. 

«Es urgente salvar a la democracia de la corrupción, es urgente evitar que personas con delitos penales nos representen, tenemos que alentar que ciudadanos con vocación de servicio participen en política» para que los peruanos confíen en las autoridades, dijo el presidente del consejo de ministros peruano, Salvador del Solar, el día de ayer.

El jefe de gabinete defendió la moción de confianza presentada el 27 de mayo, e insistió en que «la voluntad del gobierno es que se apruebe la esencia de las reformas en un plazo razonable».

«Somos conscientes de que hay que emprender las reformas políticas, estamos de acuerdo en que hay que hacerlas, pero siempre respetando el fuero parlamentario», dijo el congresista Carlos Tubino, vocero de la mayoritaria Fuerza Popular con 53 legisladores.

El Legislativo, dominado por la fujimorista Fuerza Popular, negó la confianza a otro gabinete del actual gobierno, bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), pero al suceder Vizcarra al exmandatario tenía la opción de la disolución dado que corresponde al mismo quinquenio que terminará en 2021.

El Ejecutivo plantea la reforma política para modificar la inmunidad parlamentaria, los requisitos para postular a cargos públicos, la financiación de los partidos políticos, promover la paridad de género, entre otros aspectos.

Vizcarra busca con la reforma eliminar las conductas y situaciones que han facilitado los actos de corrupción destapados en escándalos como el de Lava Jato, que ha llevado a los tribunales a los exmandatarios peruanos Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y al fallecido Alan García.

La fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, que tiene a su cargo la aprobación de la reforma política, adelantó que no daría su voto de confianza porque no desea ser «cómplice de la destrucción del sistema de frenos y contrapesos de nuestra Constitución».

Bartra negó que su comisión no le haya dado prioridad a los proyectos de ley de la reforma política, como afirmó Del Solar, y descalificó al primer ministro en su capacidad para dirigir los cambios.