A primera vista, German Katanga parece un hombre de maneras inocentes. Parece silencioso y cauto. Su pasado, sin embargo, lo refuta: Katanga, de 38 años, fue quien coordinó el abastecimiento de armas para su milicia, la Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri, que en 2003 mató a 200 personas con armas de fuego y machetes.

Katanga está condenado a 12 años de prisión por esa matanza, en la que cometió crímenes de guerra, entre ellos asesinato sobre persona protegida (es decir, civiles indefensos) y esclavitud sexual. El pueblo de Bogoro, en República Democrático del Congo, quedó desastrado tras la masacre: casi 300 personas fueron identificadas como víctimas. Sufrieron daños psicológicos y físicos que rayan en la locura.

Por eso, la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó la entrega de reparaciones económicas simbólicas de US$250 a cada una de las víctimas. Si bien el monto no reparará las necesidades de las familias afectadas, la CPI aseguró que “aliviar los daños sufridos por las víctimas de una manera significativa”. Además de la indemnización, se harán reparaciones colectivas para entregar contribuciones en vivienda, empresa, educación y ayuda psicológica.

Además de estas reparaciones, Katanga está comprometido a pagar US$1 millón en reparaciones (una cuarta parte del monto total de las reparaciones colectivas). Sin embargo, la CPI ha reconocido que Katanga es pobre. Katanga no puede pagar ese monto. Por eso, “se pidió al fondo en beneficio de las víctimas aportar sus recursos para estas reparaciones y presentar un plan de implementación el 27 de junio como muy tarde”.

Ese fondo cubrirá la deuda de Katanga. En manos de él quedará, entonces, sólo el hecho de pedir perdón en una ceremonia pública o privada, según lo decida, tan pronto como cumpla su pena. Los abogados de las víctimas han calculado el total de las reparaciones en US$16,4 millones por la destrucción de más de 220 casas, una escuela, la muerte de numerosos nativos y las secuelas psicológicas que dejaron en sus familias. Los magistrados de la CPI tienen también pendiente, por petición de los abogados acusadores, determinar un monto por cada nativo asesinado, que deberían recibir sus familiares.