La cifra de heridos durante las protestas en Chile, que empezaron el pasado 18 de octubre, ha sido uno de los puntos más polémicos desde que empezaran las manifestaciones. Tanto así que justo fue la chispa que encendió un intenso rifirrafe entre los Carabineros chilenos y la organización Human Rights Watch. 

Todo empezó con un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile durante las protestas publicado por la organización. Dicho documento apuntó que la Policía chilena cometió «graves violaciones de derechos humanos», que incluyeron uso excesivo de la fuerza, abusos en las detenciones y uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios para contener las protestas sociales. El organismo internacional llegó a esta conclusión tras entrevistar a más de 70 personas durante dos semanas de investigación en Santiago y Valparaíso (centro) en noviembre, entre víctimas, agentes policiales y autoridades.

Las denuncias llegaron a tal punto que el presidente del país, Sebastián Piñera, reconoció públicamente que que en algunos casos no se cumplieron las reglas establecidas en los protocolos revisados y aprobados por organismos de derechos humanos. «Si no se cumplieron esos protocolos, y yo creo que es posible que en algunos casos no se cumplieron, eso va a ser investigado por la Fiscalía y va a ser sancionado por los tribunales de Justicia. Así funciona una democracia, así funciona un estado de derecho», dijo Piñera en un encuentro con periodistas de medios extranjeros el pasado 21 de noviembre.

Tras el ultimátum del Ejecutivo al cuerpo de Carabineros para que aclararan las presuntas violaciones a los derechos humanos, los uniformados, a los que les cayó muy mal el informe de HRW, «refutaron las acusaciones más graves sobre la conducta de su personal: la cantidad de lesionados, el uso de la fuerza y los hechos de abuso sexual», publicó el diario La Tercera este jueves.

Respecto a las acusaciones de abusos sexuales, la Policía presuntamente aseguró que no existen «elementos de convicción que permitan sostener la efectividad de tales relatos». Por su parte, la organización internacional afirmó que las denuncias sobre dichas situaciones «se basan en 74 querellas por abusos sexuales, incluyendo tocamientos de genitales, desnudamientos, amenazas, y 4 violaciones, presentadas por el INDH», señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. 

El tema cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que hoy el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile presentó tres nuevas querellas por presuntos «desnudamientos forzados» a tres mujeres dentro de una comisaría. 

Según informó el INDH en un comunicado, las denunciantes se encontraban «sin ninguna posibilidad de defensa o de poder rehusarse» cuando fueron obligadas a desnudarse por completo y realizar sentadillas, mientras estaban siendo observadas por funcionarios policiales a través de una cámara de seguridad. «La desnudez forzada también está incorporada dentro del concepto de violencia sexual y, por ende, vulnera la integridad física y psíquica», declaró el jefe regional del INDH en Valparaíso, Fernando Martínez.

La dura respuesta del presidente de la organización, quien calificó como «sorprendentes» los cuestionamientos por parte del cuerpo policial de los datos que el organismo internacional difundió, se llevó a cabo a través de un hilo en Twitter, en el que recordó la abismal brecha que hay en las cifras de heridos de HRW y de la policía local. Mientras el informe de la organización identificó 11.564, los Carabineros admitieron 1.195 y, por el lado de los lesionados por perdigones son 1.015 lesionados frente a 376.

Otro de los debates que se abieron fue el de los muertos que han dejado las manifestaciones. En su declaración la Policía acusó a HRW de haberles achacado las más de 20 muertes que se han registrado. Vivanco, por su parte, afirmó: «Nuestro informe siempre sostuvo que un manifestante murió después de una brutal paliza por Carabineros. Dijimos que hay 26 muertos en protestas (Fuente: Fiscalía) pero no los atribuimos a Carabineros».

Los perdigones: un problema

Según Piñera, las reglas del uso de la fuerza en Chile establecen que el restablecimiento del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana tiene que hacerse primero por la sola presencia de la Policía. Si eso no es suficiente «con diálogo, disuasión y convencimiento», y se usan elementos disuasivos como los carros lanza aguas o lacrimógenas.

Sin embargo, la propia Fiscalía de Chile aseguró que se habrían podido presentar disparos de armas letales contra algunos de los manifestantes. Poco después de que se abriera la polémica alrededor de los perdigones usados para controlar el órden público, y de que médicos denunciaran una «epidemia» de lesiones oculares, con un número de heridos que supera las cifras de zonas de conflictos en el mundola, la policía anunció que suspendió el uso de esta arma no letal.

Un informe de la Universidad de Chile determinó que los perdigones usados por la policía están hechos solo en un 20% de caucho y el resto con otros elementos, entre ellos plomo, aumentando su dureza.

«Las reglas del uso de la fuerza fueron establecidas durante nuestro primer gobierno (2010-2014) y fueron revisadas en marzo de este año», enfatizó el mandatario.