A la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llega por primera vez un caso por violencia sexual ocurrido en Venezuela.

En una audiencia pública, este martes, la máxima instancia de derechos humanos de la región escuchará el testimonio de Linda Loaiza, una venezolana víctima de un cruel ataque cuando apenas tenía 18 años.

El 27 de marzo de 2001, un hombre conocido como Luis Carrera Moina raptó, violó y torturó durante casi cuatro meses a Linda. Esta joven fue mantenida en condiciones inhumanas, abusada sexualmente, torturada, fuertemente golpeada y amenazada de muerte.

Luego de que su perpetrador la diera por muerta, Linda logró pedir ayuda por una ventana del lugar donde estaba retenida, ser rescatada y llevada a un hospital, donde permaneció durante varios meses.

Debido a la gravedad de los ataques, tuvieron que hacerle más de 14 cirugías, entre ellas varias reconstrucciones faciales, de oídos, e incluso una vaginal, según le detalló a la Agencia Anadolu Francisco Quintana, director para la región Andina, el Caribe y Norteamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a esta joven ante las instancias internacionales.

Pero este capítulo en la vida de Linda no terminaba allí. Al acudir a la justicia de su país, no obtuvo el apoyo que esperaba y por el contrario, fue revictimizada a través de un proceso judicial que estuvo plagado de irregularidades y estereotipos de género.

Cuando el caso fue llevado a la justicia en Venezuela, la primera sentencia absolvió al culpable. “A pesar de la evidencia en su contra y de otro fallo en el cual se le condenó, nunca se le sancionó por el delito de violencia sexual”, añadió Quintana.

El agresor fue condenado a seis años de prisión, pero obtuvo libertad anticipada y cumplió la pena por al menos dos o tres años. En este momento no se conoce su paradero.

Debido a esta “denegación de justicia”, Linda llevó su caso en 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2016 alcanzó la Corte.

Este martes se realiza una audiencia en la que Linda presentará su testimonio. En horas de la tarde, sus representantes harán la defensa del caso ante los jueces.

Los abogados presentarán informes judiciales y exámenes médicos, entre otros, para lograr evidenciar la falencia del sistema judicial venezolano. Además de Cejil, Loaiza está representada por el Comité de Familiares de las Víctimas de los desaparecidos del caso del ‘Caracazo’ en Venezuela (Cofavic).

Específicamente lo que se pedirá es que la Corte condene a Venezuela por no haber actuado en defensa de Linda, que se otorguen reparaciones en el sentido de investigar lo que estuvo “mal hecho” y sanciones contra los responsables.

La Agencia Anadolu (AA) habló con Linda Loaiza y con uno de sus representantes.

¿Qué expectativas tiene de dirigirse por primera vez ante la Corte?

Linda Loaiza: En principio siento una gran responsabilidad con poder representar a millones de mujeres que aún viven en orfandad jurídica por parte de los Estados.

También es un momento bastante importante porque estoy frente a jueces internacionales que valorarán lo que fueron las violaciones de derechos humanos por parte del Estado venezolano en mi caso.

 ¿Qué va a pasar… qué va a decirle a los jueces?

LL: Voy a manifestar, a argumentar la violación de derechos humanos que orquestó el Estado en mi contra.

¿Y si tuviera en frente a su agresor, qué pasaría?

LL: No me he planteado nunca ese escenario.

¿Qué le diría a tantas mujeres, en Venezuela y Latinoamérica, que están en la “orfandad jurídica”, como usted dice, por este tipo de casos?

LL: En principio la orfandad jurídica es promovida o realizada por los operadores de justicia, pero el mensaje a las mujeres es que tenemos el deber de defender nuestros derechos, y que debemos exigirlos y reclamarlos con mucho orgullo frente a las autoridades de cualquier Estado en el que estemos.

La persistencia de recurrir y exigir nuestros derechos es fundamental, y en caso que el Estado falle, que sepan esas mujeres que tenemos un mecanismo internacional al cual deben recurrir; mecanismo con el que cuenta cualquier otro país, a excepción de Venezuela, luego de que en 2013 denunciara la Convención Americana.

¿Y tras haber denunciado la Convención, sí hay lugar a juzgamiento contra Venezuela?

LL: Sí. Los actos que se cometieron fueron antes del 2013. Los hechos en mi contra ocurrieron en 2001, el caso fue presentado en la Comisión Interamericana en el año 2007 y fue admitido en el 2010. Entra dentro de esos parámetros.

Después de la audiencia, ¿qué va a pasar?

LL: Me gustaría seguir luchando en favor de los derechos de las mujeres, me gustaría crear ese empoderamiento de la mujer que debe tener frente a las autoridades en sus respectivos países. La obligación y el deber que tenemos como mujeres, de exigir y hacer valer nuestros derechos frente a todo este sistema patriarcal que persiste en diferentes países de América Latina y el mundo.

¿Guarda algún tipo de rencor o qué sentimiento le queda después de este largo proceso?

LL: No tengo ningún rencor… vengo acá en son de buscar justicia y mi línea es esa. No vengo en son de venganza, quiero justicia, que es lo que exigí dentro del sistema judicial venezolano, y como no la alcancé allí, acudí acá, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es una herramienta que tenemos y a la cual debemos darle uso.

Francisco Quintana: Este es un tema recurrente ante la Corte IDH y la CIDH, en los cuales el Sistema Interamericano ha podido generar la protección para las mujeres del continente y del mundo, porque la jurisprudencia tiene eco a nivel mundial.

¿Es posible afirmar entonces que, a nivel de Latinoamérica, los gobiernos no actúan frente a estos casos?

FQ: Esperamos que los gobiernos actúen de una manera adecuada. Tuvimos un caso muy importante en Brasil, en el que el entonces gobierno de Luiz Inácio Lula, en el caso de María Lapeña, creó una ley para combatir la violencia contra las mujeres que precisamente se llamó Ley María Lapeña.

En otros casos, como en Colombia, se han generado protocolos a nivel nacional y legislación interna. Por ejemplo, en 2010 se creó una ley contra la violencia de género que fue impulsada por el entonces senador Juan Fernando Cristo. O el caso de Jineth Bedoya también ha servido para discutir estos temas con la Fiscalía.

El trabajo sí tiene un impacto en la realidad de cada país. Sin embargo, falta mucho por hacer.

Cejil asegura que la decisión que tome la Corte podría ser “histórica” y sentar las bases para llevar a cabo cambios estructurales en las leyes, políticas públicas y administración de justicia en Venezuela.

“Así se saldaría la deuda judicial pendiente en el caso de Linda y en el caso de miles de otras mujeres venezolanas que son victimizadas y atacadas cuando intentan alzar su voz”, confirma la organización regional.

Un informe de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en noviembre de 2017, reveló que América Latina y el Caribe “es la región más violenta del mundo contra las mujeres” y que la situación persiste a pesar de la aprobación de leyes severas.

En esta parte del mundo, 24 de los 33 países tienen legislación contra la violencia doméstica, pero solo nueve de ellos tipifican otras expresiones de violencia de género.