El gobierno uruguayo planea utilizar fondos derivados del narcotráfico para montar un centro de emergencia destinado a adictos a las drogas, según informó un funcionario al diario El Observador de este lunes.

De acuerdo con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera, se proyecta construir un centro especial en el Hospital Policial de Montevideo, con un costo de 2 millones de dólares.

Olivera calificó la iniciativa como «una puerta de emergencia para situaciones extremas por consumo de drogas».

«El proyecto ya está aprobado por la Junta», agregó. Su financiación será con recursos provenientes de bienes decomisados a narcotraficantes.

«Los recursos que son extraídos de las actividades ilícitas son devueltos a la sociedad con servicios brindados por diferentes instituciones. Esta es una de las grandes virtudes de decomisar los activos a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos, a la trata de personas y a otras actividades como la corrupción», destacó Olivera.

Según el funcionario, esto cambiará el sistema actual por el cual quienes sufren algún problema grave derivado del consumo de estupefacientes acaban siendo atendidos en salas de emergencia de centros de salud pública.

Para ello será capacitado de forma especial personal paramédico que trabajará en esa sección con apoyo de «toxicólogos expertos».

Además, una parte de los fondos provenientes de narcos se empleará para mejorar muchos de los 120 puntos estatales de apoyo en los que se asiste con tratamiento y da residencia por algunos meses a personas con serios problemas de adicción, sobre todo de la pasta base de cocaína.

Uruguay viene en los últimos tiempos intentando ampliar estrategias en el ámbito de la salud y en el combate al narcotráfico.

El 19 de julio inició la venta en farmacias de marihuana para uso recreativo de usuarios registrados y producida por privados bajo control estatal.

Esto se implementa como forma de garantizar calidad a los usuarios y contener la oferta del crimen organizado, en virtud de una ley aprobada en 2013 que también habilita al autocultivo y formación de clubes cannábicos.