Esto dice Estados Unidos sobre los derechos humanos en el mundo

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó hoy su informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo, cuyas cifras corresponden al 2018. Dentro de los destacados de la región están Venezuela y Nicaragua, dos países que en los últimos años han sufrido profundas crisis políticas y sociales. El texto señala que en ambos casos se ha presentado numerosos casos de violaciones a derechos humanos, lo que concuerda con las numerosas denuncias que se han presentado en cada uno de los países.

Durante la presentación del documento, Mike Pompeo, secretario de Estado, señaló: “Al articular los abusos y presionar a los regímenes que no cumplen, podemos efectuar el cambio. Ciertamente hemos visto eso. A lo largo de los años, este informe ha empujado a los gobiernos a cambiar de rumbo y dejar de participar en la brutalidad y otros abusos. Esperamos que continúe haciéndolo y que los regímenes opresivos honren los derechos humanos en lugares donde esas voces a menudo son silenciadas y donde los anhelos profundos de tolerancia y respeto no se han cumplido durante mucho tiempo”.

Sobre Venezuela el informe aseguró que existe información creíble sobre torturas y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas, que considera que están “politizadas” e influenciadas por el Ejecutivo de Maduro.

“La situación de los Derechos Humanos es terrible, creo que está bien documentada en este informe. Este informe va sólo hasta finales de año y la situación solo ha empeorado desde entonces”, dijo en rueda de prensa Michael Kozak, responsable de Derechos Humanos del Departamento de Estado.

Para Washington, uno de los puntos de inflexión en la situación de derechos humanos en Venezuela se produjo el 4 de agosto, cuando Maduro sufrió un fallido ataque con drones mientras daba un discurso por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

“El Gobierno incrementó sus ataques contra las libertades civiles después del supuesto y fallido intento de asesinato presidencial el 4 de agosto”, dijo el Departamento de Estado en su informe.

A continuación, EE.UU. destaca la detención el 7 de agosto de Requesens por “hombres enmascarados” de la inteligencia del país, mientras Maduro lo acusaba en televisión del atentado en su contra.

Según EE.UU., que cita artículos de prensa e información de varias ONG, Requesens ha llegado a estar en régimen de aislamiento hasta 23 horas al día, no ha podido recibir atención médica adecuada y no se le ha garantizado su derecho a un juicio justo, aunque sus condiciones de detención han mejorado levemente desde diciembre.

En su informe, el Departamento de Estado cita 2.000 casos de detenciones arbitrarias y 286 “presos políticos”, documentados por la ONG Foro Penal, que asegura que esa cifra -que data del 18 de noviembre- es menor a los 676 “presos políticos” produjo la ola de protestas de 2017.

EE.UU. destaca en su informe el carácter “cada vez más autoritario” del Ejecutivo venezolano y crítica las “profundamente fraudulentas” elecciones de mayo, en las que Maduro fue reelegido y que le permitieron volver a tomar posesión de su cargo el pasado 10 de enero.

Nicaragua, por su parte, vive desde el pasado 18 de abril una de sus peores crisis sociales en la historia. Desde entonces las organizaciones de derechos humanos han calculado cerca de 350 muertos y cientos de detenidos. Hace unas semanas, luego de un largo periodo de estancamiento, el presidente Daniel Ortega se volvió a sentar a dialogar con la oposición para encontrar una salida negociada.

No pasó mucho tiempo para que el proceso se volviera a congelar. ¿El motivo? Lo detenidos que permanecen en las cárceles. Sobre este hecho, el Departamento de Estado aseguró que “muchos prisioneros han sufrido maltrato por parte de oficiales, sin contar los parásitos y la falta de atención medica dentro de los centros penitenciarios. (…) Las condiciones se han ido deteriorando por la infraestructura de las prisiones. En octubre el gobierno reportó 20.918 detenidos, cuando la capacidad era de 11.781”.

Sobre el tema, el informe asegura que se han presentado cientos de arrestos arbitrarios por parte de la policía, fuerzas paramilitares y el ejército, “si bien los paramilitares y militares no tienen autoridad para detener personas. Las organizaciones de derechos humanos indicaron retrasos en la liberación de los presos después de terminar las condenas de prisión llevó a muchos casos de arbitrariedad continuación de un estado de detención. La PNN y el ejército también cometieron irregularidades. detenciones y detenciones durante las investigaciones de grupos armados de oposición u otros Crímenes violentos en las regiones norcentrales del país”.

Además, el texto afirmó: “Al parecer, muchos arrestos fueron hechos sin orden judicial y sin informar a la familia. Asesores legales y las organizaciones de derechos humanos indicaron retrasos en la liberación de los presos después de terminar las condenas en prisión, lo que ocasionó muchos casos en los que continuó el estado de detención”.