Las cifras de desaparecidos en El Salvador son preocupantes. Al menos 1.811 personas desaparecieron este año, en medio de la violencia generada por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, informó este martes el fiscal general, Raúl Melara.

El funcionario del Ministerio Público apuntó que los departamentos en los que más personas desaparecidas se han reportado son Ahuachapán (oeste), Chalatenango (norte), Cabañas (noreste), Morazán (este) y San Salvador.

«Diariamente en la Fiscalía recibimos a muchas madres, padres y hermanos angustiados y con incertidumbre, por eso en esta gestión hemos decidido poner un ¡basta ya! a esta situación», manifestó.

El fiscal aprovechó para reiterar el compromiso de poner en marcha la Unidad Especializada para Casos de Personas Desaparecidas, la cual estará al mando de Guadalupe de Echeverria, quien se desempeñaba como jefa de la Unidad Especializada de Homicidios Antipandillas.

De acuerdo con Melara, el grupo especial contribuirá con equipos especializados para la «persecución y judialización» de responsables del fenómeno y dará directrices de la investigación y los criterios de intervención que servirán de parámetro para el seguimiento de la situación.

«Con esta unidad especializada estamos construyendo una política de persecución penal definida en el combate de este fenómeno criminal», agregó.

El fenómeno de las desapariciones se ha mantenido en El Salvador, pese al fin de la guerra, por la violencia generada por las pandillas en las últimas décadas; datos de la Policía entregados a Efe dan cuenta de que al menos entre 2010 y 2016 desaparecieron unas 10.800 personas, una media de 4 al día.

Israel Ticas, uno de los forenses más reconocidos en el país, ha señalado en diferentes ocasiones que si una persona pasa más de ocho días desaparecida existe una alta probabilidad de que haya sido asesinada y enterrada en uno de estos sitios.

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinatos de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, muertes atribuidas principalmente a las pandillas MS13 y Barrio 18.

Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.