«¡Pena de muerte! ¡Hija de p…!», se escuchó la noche del domingo frente a la dirección de la Guardia Civil en Almería ( sur), donde una multitud mostró su cólera contra la mujer de 43 años, allí detenida.

Los llamados a una justicia dura también se multiplicaban por las redes sociales. Una petición en internet firmada a media jornada del lunes por 158.000 personas reclamaba prisión perpetua contra la mujer, sin que haya sido todavía imputada.

Otra petición, con más de 220.000 rúbricas, instaba a República Dominicana a reclamar su extradición, para evitar que Ana Julia Quezada disfrute de la «comodidad» de las prisiones españolas ni sean los contribuyentes españoles los que costeen su encarcelamiento.

Ante esto, Patricia Ramírez, la madre del niño, hizo un llamado a evitar las «palabras de rabia».

«¡No he sido yo!»

Quezada fue detenida el domingo en la población Puebla de Vícar donde reside, en flagrante delito: el cuerpo de Gabriel estaba en el maletero de su vehículo, envuelto en una manta.

«¡No he sido yo! ¡Yo he cogido el coche esta mañana!», se escucha decir a la mujer a los guardias civiles cuando es detenida, según muestra un video amateur.

Los medios españoles siguieron de cerca el caso desde el 27 de febrero, cuando Gabriel salió de la casa de su abuela en la pequeña población de Las Hortichuelas, a pocos kilómetros de las playas de Cabo de Gata, un parque natural con playas paradisíacas en el sur de España.

Hijo único de padres separados, fue a casa de sus primos a jugar, pero nunca llegó. Según la prensa, la autopsia reveló que murió de asfixia, quizás estrangulado.

Centenares de voluntarios enfrentaron el viento y las lluvias de marzo en sucesivas batidas por la zona, tratando de encontrar al pequeño de cabellos oscuros y amplia sonrisa.

«He dormido cuatro horas por noche», contó a la AFP uno de los periodistas que siguió el caso, Fran Gavilán, Ideal de Almería (Andalucía), que describe a Gabriel como un niño «introvertido pero afable y simpático», en base a testimonios.

Hasta antes de ser detenida, Quezada era para el público la compañera del padre desesperado de Gabriel, quien daba entrevistas a la prensa vistiendo una camiseta con la imagen del pequeño.

Pero la Guardia Civil la vigilaba desde hacía días.

Según Gavilán, las alarmas se dispararon cuando ella descubrió una camiseta de Gabriel en una zona que ya había sido revisada dos veces.

Pero también porque en dos ocasiones, cuando los investigadores le solicitaron el teléfono móvil al igual que al resto de personas cercanas al niño, dijo haberlo perdido.

La clase dirigente española mostró su consternación este lunes, desde el rey Felipe VI, que guardó un minuto de silencio, hasta el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, que presentó sus condolencias a la familia.

Prisión permanente revisable

Aunque España es uno de los países con la tasa de homicidios más baja del mundo, el caso reavivó un debate en curso sobre la prisión perpetua, reservada para los crímenes más graves, contra menores o de naturaleza terrorista.

El Partido Popular (derecha) de Rajoy quiere ampliar la llamada prisión permanente revisable a otros crímenes, mientras que la izquierda desearía revocarla.

La pena, desaparecida en 1928 y restablecida en 2015, implica una «revisión» tras 25 o 35 años (según la condena), pero si es negativa, el reo puede permanecer toda su vida en prisión.

«La oposición ha de ser responsable y reflexionar sobre la conveniencia de derogar la prisión permanente revisable», dijo este lunes el portavoz del PP, Pablo Casado.

El Congreso sostendrá un debate al respecto esta semana, mientras el Tribunal Constitucional estudia un recurso sobre la legalidad de la pena.

El diario conservador La Razón indicó en un editorial que el asesinato de Gabriel configura un caso típico para su aplicación.

Mientras, los investigadores buscan saber si Quezada actuó sola o incluso si es reincidente: en 1996, una niña a la que cuidaba -su hija según algunos medios- murió al caer desde un balcón en Burgos, pero en ese momento la investigación fue archivada sin hallar indicios de criminalidad.