La tinta indeleble que los haitianos utilizaron para certificar su voto en las elecciones presidenciales del 25 de octubre no era indeleble. Unas horas después la marca desaparecía y los votantes volvían a las urnas. Como en un juego abusivo de múltiples identidades, en esa fecha cada haitiano voluntarioso fue dos, tres, cuatro haitianos. La multiplicación de los hombres produjo la multiplicación de la desidia: cuando salieron los resultados, que dejaban en primer lugar al candidato oficial Jovenel Moise (32%) y en segundo al opositor Jude Célestin (25%), la gente salió a las calles acusando fraude.

El presidente Michel Martelly prescindió de las demandas y determinó que la segunda vuelta ocurriría el 27 de diciembre. Luego dijo que sería el 17 de enero. Unas semanas después, con la esperanza de que podría entregar la presidencia el 7 de febrero, volvió a aplazarla para hoy. Y hoy no hubo elecciones porque Célestin se retiró y porque sólo Moise quedó en pie. A pesar de la multiplicación de los hombres, Haití tenía sólo un nombre para elegir presidente.

La incertidumbre política es el nudo más reciente en un memorial infinito de desastres nacionales: pobreza, cólera, corrupción, violencia contra mujeres, trabajo infantil forzoso, instituciones débiles, carencia de servicios públicos, abusos de derechos humanos y deudas masivas. El hecho de que los haitianos aún no elijan a su gobierno es, justamente, un cheque en blanco para el caos. Robert Maguire, director del programa de estudios sobre Latinoamérica en la Universidad George Washington y quien sirvió por años como especialista en Haití en el Departamento de Estado de EE. UU., recuerda que Martelly insistía en ejecutar las elecciones hoy, sobre todo porque contaba con el apoyo de Estados Unidos, su socio más destacado. “Si los haitianos son obligados a aceptar un gobierno como resultado de otro ejercicio fraudulento, será incapaz de gobernar —dice—: Haití entrará en una prolongada crisis política. Sería sabio que los actores internacionales (que tienen la clave sobre lo que sucede en Haití) alteren su posición para encontrar una salida a la crisis. Es un juego muy peligroso”.

El juego tiene una serie precisa de cartas: Martelly y su familia han sido acusados de corrupción (su hijo es investigado en Estados Unidos por un extraño enriquecimiento en los últimos años) y numerosos haitianos se resisten a apoyar una presidencia que, cuenta Maguire, ha tenido resultados deficientes en materia económica. “La gente, en especial los haitianos ‘corrientes’, no ha visto ninguna mejora en su posición económica bajo el mandato de Martelly, a pesar de todo el ‘ruido’ que genera el clientelismo político. La frustración que ha existido por años durante el gobierno de Martelly se ha convertido en rabia. Si hay algo que los haitianos saben hacer es tomarse las calles para protestar”.

Amanda Klasing es investigadora de la organización Human Rights Watch (HRW) y ha trabajado sobre el acceso al agua y los alimentos en Haití. Para matizar, recuerda que durante la presidencia de Martelly, que comenzó en 2011, varias zonas de Puerto Príncipe han sido reconstruidas tras el terremoto y el programa de subsidios en educación ha beneficiado a muchos niños a pesar de las acusaciones de corrupción e incumplimiento de promesas. Sin embargo, el informe más reciente de HRW sobre Haití anota que las instituciones gubernamentales han sido incapaces de satisfacer las necesidades básicas de los haitianos. “El agua potable y el cubrimiento de saneamiento son muy bajos en Haití, y los estudios muestran que el acceso ha disminuido en los últimos 15 años —dice Klasing—. Esta es una crisis si se considera el impacto que tienen las enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera”.

Seis años después del terremoto, que mató a 300.000 personas y dejó a medio millón en la intemperie, aún 103.565 desplazados viven en campos de refugio. Una reciente crónica de El País de España recordaba que en la mitad de esos campos no hay letrinas y que, donde las hay, los haitianos deben compartirlas con otras 80 personas. El número de muertos por cólera, según HRW, ha disminuido de 4.100 en los tres primeros meses de 2010 a 51 entre enero y septiembre de 2014. Pese a las buenas noticias, las instituciones nacionales carecen de apoyo técnico o financiero para ejecutar sus programas. Según Maguire, los gobiernos internacionales entregan más dinero a las organizaciones independientes que se encuentran en la zona (y que han realizado trabajo humanitario y social por años) que a las instituciones gubernamentales. Estos aportes, cuenta Maguire, suman dos tercios del capital nacional.

En 2013, el equipo de análisis Crisis Group recordaba que el mayor reto de Haití era reconstruir su aparato político y fomentar un consenso nacional. Hasta entonces, y podría decirse que hasta hoy, las iniciativas nacionales en las que incluso intervenían instituciones foráneas se veían frustradas, dice el equipo, “por la falta de liderazgo, gobierno y responsabilidad”.

Las razones de esa frustración provienen de la historia nacional reciente y también de la más antigua: cuando Estados Unidos invadió Haití en los años 20, el entonces secretario de Estado, Robert Lansing, estaba convencido de que la “raza africana” era incapaz de gobernar (y en cierto sentido, Estados Unidos se aseguró de que eso fuera cierto al dejar instituciones débiles y líderes militares y políticos propensos a la dictadura). Dice Klasing: “El impacto de la estafa de Duvalier (dictador de Haití entre 1957 y 1971, señalado por corrupción) puede verse reflejado en la lisiada infraestructura en todo Haití. También pienso que la carencia de responsabilidad por estos crímenes refuerza la falta de fe de muchos haitianos en el sistema legal, lo cual tiene numerosas repercusiones”.

Una clase política reforzada, que podría tardar más de lo deseado, tendría que enfrentarse a problemas de fondo como la explotación infantil (niñas de bajos recursos son enviadas como empleadas domésticas a hogares boyantes), el maltrato a la mujer y las activistas (algunas han huido a Estados Unidos en medio de amenazas) y a la impunidad que se preserva en el expediente Duvalier. “Los líderes de Haití parecen más interesados en servirse a sí mismos —dice Maguire—. Tras cinco años del gobierno de Martelly, existe una deuda masiva con Venezuela de US$2 mil millones, muchas oportunidades desperdiciadas. Haití se ha convertido en el hazmerreír internacional, tiene instituciones débiles. (…). Hemos visto, por ejemplo, que Martelly organizó nueve festivales durante su presidencia, pero ha fracasado al organizar una sola elección honesta”.

Un artículo de la revista Jacobin rememora que Estados Unidos ha mirado por años al país como un “Estado fallido que no funciona sin la presencia militar, económica y política de extranjeros”. Luego recuerda aquella vieja y polvosa promesa de su aliado: llevar una democracia respetable a la isla.