Las caras militares de la Guardia Nacional de López Obrador en México

Desde el comienzo la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, fue muy polémica. Sin embargo, el mandatario trató de calmar los ánimos aclarando varios puntos de este cuerpo armado, que se creó tras una reforma constitucional que el partido oficialista, Morena (izquierda), logró en consenso con la oposición tras modificaciones al proyecto original, que desató duras críticas de defensores de derechos humanos.

AMLO justificó la decisión de crear la Guardia con cifras oficiales: desde diciembre de 2006 suman cerca de 250.000 las muertes violentas que se han registrado en México. La cifra de homicidios se disparó a 33.341 en 2018, la más alta desde que se inició el registro en 1997. Los críticos de la Guardia creen que se va a repetir lo que pasó en el país en 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó un operativo militar antidrogas que disparó la violencia. 

El nombramiento del comandante de la Guardia reaviva los temores. Numerosas voces habían pedido un civil para disminuir el riesgo de una militarización permanente del país, pero AMLO nombró al general de brigada Luis Rodríguez. Según los medios, este hombre cuenta con un doctorado en seguridad y defensa nacionales, ha realizado cursos en Alemania y ha sido director del área de investigación sobre narcotráfico.

Su último cargo fue presidente del consejo de delegados de la Junta Interamericana de Defensa, con sede en Washington, y pasará a retiro del Ejército en agosto. No es el único militar en la Guardia Nacional. Lo acompañarán en el encargo -como parte de la Coordinación Operativa Institucional- otro general del Ejército, Xicoténcatl de Azolohua Núñez, el contralmirante de la Secretaría de Marina Gabriel García y la comisaria de la Policía Federal Patricia Rosalinda Trujillo.

De acuerdo con la reforma constitucional que permitió la creación del cuerpo armado,  “se estableció que tendría un carácter civil, una dirección policial y los militares solo participaran en ella durante cinco años, para luego regresar a los cuarteles”.

No obstante, con el anuncio de este jueves, López Obrador reafirma una decisión unilateral que ya había anticipado, poniendo un militar -aunque casi jubilado- al mando de este importante organismo que tendrá alrededor de 80.000 elementos y cuyo costo solo el primer año rondará los 20.000 millones de pesos (unos 1.060 millones de dólares).

“Tiene alta especialización en temas militares, pero sin preparación formal en materia policial”, dijo a Efe el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo.

Lamentó que esta Guardia Nacional y “de proximidad” tenga en la cúpula “un perfil estrictamente militar”.

Una opinión que comparte la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, quien señaló a Efe que el concepto de “militar en retiro” no es más que una “floritura”.

Para López Portillo, la decisión de López Obrador no sorprende, pues siempre “fue consistente” y ha presentado una “ruta militar” desde antes incluso de asumir el cargo el pasado 1 de diciembre.

Pese a las críticas en México, la Guardia Nacional cuenta con el respaldo de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien suscribió esta semana un acuerdo de colaboración con el Gobierno para asesorar al nuevo cuerpo en materia de derechos humanos. 

Las leyes de la Guardia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, presentó este jueves ante el Senado los borradores de las cuatro leyes secundarias que deben dar cobertura a la futura Guardia Nacional.

El Legislativo mexicano debatirá estos textos después de haber dado luz verde el 14 de marzo a la reforma constitucional que permite la creación de este nuevo organismo de seguridad pública formado por policías y militares.

Los textos presentados corresponden a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que deben ser aprobadas entre 60 y 90 días después de la reforma constitucional.

Estas normas, a las que tuvo acceso Efe, definen a la Guardia Nacional como “una institución policial, armada, civil, disciplinada, profesional y permanente, con autonomía técnica, operativa y de mando”.