Gertrude Joseph, madre de siete niños, recorre dos kilómetros a pie por un camino pedregoso para conseguir agua potable en una cisterna en La Piste, uno de los campamentos de desplazados que fueron abiertos tras el devastador terremoto de Haití en 2010.

Para ella, como para los miles de personas que siguen viviendo en las casas precarias de este campamento, ahora considerado un barrio más de Puerto Príncipe, es imposible seguir la recomendación de las autoridades sanitarias de lavarse las manos con frecuencia, para prevenirse del COVID-19.

«No tenemos agua para lavarnos las manos en el campamento y tenemos que andar dos kilómetros para encontrar agua. No le importamos al Gobierno», dice a Efe la mujer mientras regresa a casa, caminando a paso lento con un gran cubo de agua sobre la cabeza, bajo el ardiente sol de mediodía.

Mientras tanto, decenas de hombres, mujeres y niños van y vienen por las calles atestadas de basura del campamento, sin preocuparse por mantener las recomendaciones de distanciamiento social que emanan de las autoridades.

El campamento de La Piste, situado cerca de la pista de aterrizaje de la antigua base de la Fuerza Aérea en Puerto Príncipe, está en total abandono.

Inicialmente fue planeado por las autoridades y las ONG para recibir temporalmente a ciegos, sordomudos y amputados por el terremoto de enero de 2010.

Muchos de ellos siguen viviendo en el campamento diez años después, en condiciones muy precarias y sin adaptación alguna para sus necesidades especiales.

Aunque el Gobierno prometió la construcción de casas permanentes, la mayoría de los habitantes de La Piste siguen alojados en los pequeños refugios temporales levantados tras el terremoto, hechos en chapa o en finos tablerillos de madera, que no ofrecen protección para la lluvia.

Estas casas precarias carecen de agua corriente o de electricidad y en el campamento tampoco hay letrinas comunes, lo que obliga a los habitantes a hacer sus necesidades en plena calle.

Esta situación precaria es común para buena parte de la población haitiana. El 52 % de la población de este país, el más pobre de América, carece de acceso a agua potable o a servicios de saneamiento básico.

Haití se encuentra en la fase 2 de la pandemia, después de que el Gobierno decretara el lunes el inicio de la transmisión comunitaria en el país.

Según el boletín más reciente, 24 personas se han infectado por el virus y una persona ha fallecido, un hombre de 55 años con patologías previas.

Temiendo un probable colapso del frágil sistema sanitario, el Ejecutivo ordenó el cierre de fronteras el pasado 15 de marzo, incluso antes de que se registrase el primer contagio importado en el país.

El Gobierno se está esforzando en transmitir que el COVID-19 es una realidad en el país y ha exhortado repetidamente a la población a cambiar de forma de vida, pero buena parte de la gente se niega a creer en la existencia de la enfermedad y sigue operando como si nada hubiera pasado.

«El coronavirus no es un tabú, es una realidad. El problema es serio y los riesgos devienen más elevados», dijo este lunes el director del departamento de Epidemiología, Laboratorio e Investigación del Ministerio de Salud, Patrick Dely.

Para incentivar a lavarse las manos, en varios comercios, supermercados, bancos y otros lugares públicos, se han dispuesto recipientes con agua y jabón.

Pero a pesar de estas iniciativas, debido a la escasez de agua corriente en el país, el lavado de manos es una costumbre muy poco habitual en Haití.