La visita de una ONG a un centro de la policía fronteriza estadounidense en Texas, donde estaban detenidos más de 250 niños, volvió a poner bajo la lupa el trato que reciben los menores que ingresan ilegalmente a Estados Unidos. Hacinamiento, falta de higiene y de colchones fueron algunas de las características que reportaron los investigadores en este lugar.

En un informe publicado el jueves, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció la situación deplorable de los menores allí alojados, que son niños migrantes que viajaban solos hacia Estados Unidos o que fueron separados de sus familiares por las autoridades. Las irregularidades incluyen desde niños sin atención médica adecuada hasta la falta de camas, que obliga a muchos a dormir sobre el piso de cemento, apenas protegidos por mantas de emergencia.

Clara Long, investigadora de HRW, en la crónica de su visita al centro de detención en Clint, dio testimonio: «Ante mí, (aparece) un niño de tres años con el pelo enmarañado, tos seca, pantalones embarrados y ojos que se cierran por el cansancio».

El niño, que cruzó la frontera junto a un hermano de 11 años y a un tío de 18, llevaba tres semanas detenido. Separado del tío mayor de edad, se encontraba al cuidado de su hermano mayor. Según el informe de HRW, los niños que aguardaban en Clint «no tienen acceso a duchas ni ropa limpia». Algunos de los menores declararon que no han podido bañarse «en semanas». Un grupo de menores a los que la ONG no pudo entrevistar se encontraba en cuarentena por gripe, en celdas especiales.

Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia, justificó la semana pasada en una audiencia en San Francisco la falta de elementos de higiene como jabón y cepillos de dientes, alegando que no constituían un requerimiento para unas condiciones de detención «seguras y saludables» según las leyes que protegen a menores no acompañados.

Las declaraciones de Fabian en defensa del gobierno generaron un escándalo. La joven representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, comparó a los centros de detención con «campos de concentración» gestionados por una administración «fascista».

Incluso ciudadanos estadounidenses que sobrevivieron al cautiverio en manos de piratas de Somalia o talibanes afganos criticaron al gobierno diciendo en Twitter que hasta sus captores les habían proporcionado elementos para el aseo.

La ley migratoria estadounidense estipula que los menores sin acompañantes no pueden pasar más de 72 horas detenidos por la CBP. Cumplido ese plazo, deben ser devueltos a sus familias o puestos al cuidado de un centro de acogida del Departamento de Salud. Pero la situación que se vive en la frontera ha desbordado las previsiones. Solo en mayo, los oficiales de la CBP detuvieron a 144.000 inmigrantes, un número para el que los albergues del Departamento de Salud no están preparados.

«No corresponde a la policía fronteriza ocuparse de los niños», dijo a MSNBC el domingo Warren Binford, abogado especialista en derecho de la infancia, que visitó el centro de Flint. «Es por eso por lo que las instalaciones no están adaptadas para recibirlos, y que ellos (los agentes) están tan enojados como nosotros».

Según la CBP, más de la mitad de sus agentes están dedicados al cuidado de los menores. «Somos una agencia encargada de la seguridad de la frontera y nos exigen que hagamos algo que supuestamente no debemos hacer», dijo recientemente Robert Perez, jefe adjunto de la policía migratoria.

Según Perez, las organizaciones que se dedican al traslado ilegal de personas a través de la frontera explotan a su favor las «fallas» y limitaciones del sistema migratorio y «la realidad en el terreno» para «saturar el sistema».

En medio de la polémica por las denuncias de maltrato, John Sanders, jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), principal funcionario de control fronterizo de Estados Unidos renunció al cargo, según los medios de comunicación. Sanders, quien estaba en el cargo desde abril, dejará su puesto el próximo 5 de julio, según oficiales del gobierno citados por The New York Times.

El presidente Trump aseguró tras la renuncia de Sanders, con quien dijo nunca haber conversado, que está «muy preocupado» por las condiciones de los centros de detención de inmigrantes, pero apuntó que están mejor que durante la Administración de su antecesor, Barack Obama (2009-2017).

El mandatario estadounidense señaló que está «oficialmente» pidiendo a los demócratas que apoyen cambios en la ley de asilo para resolver los vacíos legales que existen en la frontera. El presidente estableció el sábado un compás de espera de «dos semanas» para que los demócratas aborden esa situación o, de lo contrario, amenazó con autorizar deportaciones masivas.

Medios locales habían anticipado que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) planeaba iniciar desde el domingo pasado redadas masivas en diez ciudades para aumentar las deportaciones de familias indocumentadas que han recibido órdenes de expulsión.

«Necesitamos los votos de los demócratas», justificó hoy Trump, cuya decisión de posponer las operaciones se produjo después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, llamara a suspender las redadas «sin corazón».