El Gobierno de Nicaragua expresó su «plena disposición» a dialogar con Costa Rica tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que puso fin a uno de los litigios fronterizos que mantenían ambos países desde hace años.

«Nosotros estamos en plena disposición de cumplir, como lo hemos reiterado, los distintos mecanismos, y estamos en plena disposición de dialogar y de contribuir a que se asegure el respeto, la tranquilidad y la paz entre nuestros dos pueblos», sostuvo el Ejecutivo nicaragüense a través de su coordinadora de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo.

La funcionaria se refirió al asunto tras referirse al llamado que hiciera el papa Francisco al diálogo y a la cooperación entre Costa Rica y Nicaragua.

«En ese sentido, queremos reiterar que desde el mismo día que se pronunció la Corte Internacional de Justicia, nuestro Gobierno publicó y dio a conocer un comunicado», que en «los últimos dos párrafos se refieren precisamente al compromiso de Nicaragua en esa dirección», anotó Murillo.

En esa ocasión, el Gobierno nicaragüense consideró esa sentencia «como un mandato para cerrar este capítulo, puesto que la Corte se ha pronunciado y ha decidido».

A su vez, señaló que Nicaragua y Costa Rica «debemos disponernos a restablecer los mecanismos de diálogo y convivencia, que nos permitan asegurar el respeto, la tranquilidad y la paz, en la relación que corresponde entre pueblos centroamericanos».

El Gobierno costarricense expresó ayer su agradecimiento al papa Francisco por el mensaje.

El fallo de la CIJ reconoció la soberanía costarricense sobre la isla fluvial de Portillos o Calero, en la costa del Caribe, y obliga a Nicaragua a indemnizar a Costa Rica «por los daños materiales causados por las actividades ilícitas realizadas en el territorio costarricense».

Además, determinó que Nicaragua violó el territorio de Costa Rica con presencia militar y sus derechos de navegación en el río San Juan.

El presidente de la Corte, Ronny Abraham, leyó la sentencia sobre la demanda interpuesta por Costa Rica en 2010 sobre una supuesta invasión militar y daños ambientales a una porción de su territorio protegido por convenios internacionales, y otra de Nicaragua contra su vecino, de 2011, por aparentes daños ambientales al nicaragüense río San Juan durante la construcción de un camino de lastre.