El diario The New York Times publicó un informe este viernes donde explica que las autoridades fronterizas de Estados Unidos han expulsado a México a niños migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, “violando un acuerdo diplomático con México y poniendo a prueba los límites de las leyes de inmigración y bienestar infantil (…) Las expulsiones ponen en riesgo a los niños al enviarlos sin un adulto acompañante a un país donde no tienen conexiones familiares”, se lee en el artículo.
Agregan que estas expulsiones se dieron bajo una política agresiva de cierre de fronteras que la administración Trump ha dicho que es necesaria para evitar que el coronavirus se propague a los Estados Unidos.
De acuerdo con el diario, la mayoría de los niños, que parecen sumar más de 200 en los últimos meses, fueron entregados a las autoridades mexicanas de bienestar infantil. “En muchos casos, han llevado a que los niños pequeños se intercambien entre agencias gubernamentales de los Estados Unidos y ahora, entre gobiernos de países que no son los suyos”, se lee en la publicación.
¿Cómo detectaron el problema? El diario estadounidense tuvo acceso a un correo electrónico del subjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Eduardo Sánchez.
“Recientemente, hemos identificado varios casos sospechosos en los que Menores Solteros (SM) de países distintos de México han sido expulsados a través de puertos de entrada en lugar de ser remitidos a Operaciones Aéreas de ICE para vuelos de expulsión”, escribió Sánchez.
A propósito de este tema, el jueves 29 de octubre, un comité del Congreso estadounidense advirtió que cientos de niños migrantes que fueron separados de sus padres en virtud de una política del presidente de EE.UU., Donald Trump, que procesaba a los adultos por ingresar indocumentados al país, no podrán ser reunificados con sus familias.
Las políticas de migración de Trump
No han sido pocas las organizaciones internacionales que se han pronunciado sobre la política migratoria del presidente Donald Trump, y no precisamente por proteger los derechos humanos de los migrantes. Casi que como lema de campaña, Trump se comprometió a construir un muro tan grande, que sería capaz de frenar en gran medida el paso ilegal. Y así lo hizo; su insistencia llegó a tal punto, que declaró “emergencia nacional” en 2019 para poder acceder a los recursos del Pentágono y construir su barrera fronteriza.
Pero un muro no es suficiente para Trump, y en su afánpor controlar la frontera con México puso en marcha otra herramienta para frenar el ingreso de extranjeros, principalmente del “Triángulo Norte”: Guatemala, Honduras y El Salvador. En enero de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció la implementación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) programa más conocido como “Permanecer en México”.
Esto implica que los solicitantes de asilo —que muchas veces huyen de la violencia y persecución en sus países de origen— se verían obligados a esperar en México mientras el gobierno estadounidense procesa sus casos.
¿Su argumento? Para Trump el MPP “ha sido crucial para nuestro éxito al trabajar con México para controlar la migración ilegal desenfrenada, el contrabando y la trata de personas impulsada por carteles; todos los cuales presentan riesgos de amplio alcance tanto para nuestros países como para los propios migrantes”, se lee en un comunicado emitido por la Casa Blanca en marzo de 2020.
De hecho, Robert Pérez, comisionado adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo el 22 de octubre en una rueda de prensa que la «los jueces de inmigración de los Estados Unidos encuentran qué más del 99 % de los que llegan ni siquiera cumplen requisitos para lograr el asilo, lo cual hace que su viaje sea más peligroso en una espera larga”, agregó.
¿Qué dice la comunidad internacional?
Las cifras de Amnistía Internacional de febrero de este año arrojan que las autoridades estadounidenses enviaron a más de 60,000 solicitantes de asilo a esperar en México. ¿Cuál es el problema? Los altos índices de violencia. “Algunas de las ciudades a las que se envía a los solicitantes de asilo son notoriamente peligrosas. El estado mexicano de Tamaulipas, por ejemplo, recibió una advertencia de viaje de ‘Nivel 4’ por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, colocándolo en la misma categoría que Afganistán, Yemen y Siria”, explicó el periodista Ashoka Mukpo en junio de este año.
Estamos hablando de secuestros, crímenes de agresión sexual, desaparición forzada y extorsión. Sólo en Tamaulipas, Human Rights Watch (HRW) identificó al menos 32 casos de secuestro o intento de secuestro de solicitantes de asilo en el programa MPP, en su mayoría por organizaciones criminales, entre noviembre de 2019 y enero de 2020. Esto sin contar los informes de cuatro mujeres sobre casos de agresión sexual durante incidentes de secuestro.
“Es casi seguro que esto es solo la punta del iceberg, ya que la mayoría no informa tales incidentes porque es casi seguro que la policía mexicana no responderá si no es abiertamente hostil hacia ellos”, agregar Mukpo. Y no sólo se refiere a lo que ocurre en Tamaulipas; la frontera con Estados Unidos está llena de ciudades plagadas de grupos criminales y narcotráfico.
“Las organizaciones criminales que secuestran a migrantes rutinariamente operan bajo el supuesto de que la mayoría de los solicitantes de asilo en el programa MPP tienen parientes estadounidenses a quienes se les puede extorsionar por miles de dólares”, advirtió HRW en junio de este año.
