La explosión registrada el pasado 18 de enero en un municipio del estado mexicano de Hidalgo, por la que han muerto hasta el momento 117 personas y docenas se encuentran desaparecidas, le reveló al mundo cuan agudo podría ser el problema del robo de combustible en ese país. Pese al incidente que causó conmoción nacional, esta semana se registraron nuevas explosiones en ductos saqueados por delincuentes. ¿Cómo detenerlos?
El robo y venta ilegal de combustible en México es una actividad con décadas de antigüedad que adquirió relevancia en los medios tras la liberación de precios de gasolina que adoptó el expresidente Enrique Peña Nieto en 2017. La medida, que según el exmandatario se tomó para el futuro del país, implicaba que los precios de los combustibles en las estaciones de servicio ya no serían fijos, sino que variarían durante todo el día y en todas las zonas del país acorde a los precios que ponga el mercado. Esta acción generó manifestaciones en la población, que estaba acostumbrada a otra regulación en el mercado, y también abrió la puerta para que los delincuentes se aprovecharan de la situación: pronto se incrementaron los robos en ductos y la venta de combustible en el mercado negro.
Rocío Nahle, jefe de la Secretaría de Energía de México, aseguró que el robo de combustible se convirtió prácticamente en una “empresa paralela” durante la administración de Peña Nieto. El coordinador parlamentario del Partido Parlamentario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, defendió a Peña Nieto argumentando que él y su administración tomaron medidas para investigar el robo de combustible. Sin embargo, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Ackerman, explicó que “a ellos (el gobierno de Peña Nieto) no les interesaba defender el interés nacional, ni los recursos naturales”, al tomar la medida, sino que, al parecer, la liberación de precios de combustible, “era parte de la estrategia de privatización de Pemex (Petróleos Mexicanos)”, algo que siempre buscó el gobierno de Peña Nieto. Además, durante la última etapa de su gobierno incrementaron las sospechas sobre la colaboración de funcionarios de la petrolera en actos delictivos.
Durante años se sospechó que el robo de combustibles no sería posible sin la colaboración de empleados de Pemex. Al asumir el poder, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador empezó una cruzada para investigar este caso. Su administración, en poco tiempo, encontró que una extensa red de lavado de dinero que involucra a políticos y funcionarios de la empresa petrolera. Según Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, hasta ahora se han detectado operaciones de lavado por aproximadamente US$ 527 millones entre 2017 y 2018, los dos últimos años de los seis en total que ocupó Peña Nieto en la presidencia. Pero ¿Cómo funcionaba la red de lavado y qué tiene que ver con el robo de combustible y las explosiones?
Según Nieto, casi la totalidad de las gasolineras en México realizan operaciones con efectivo. En muchas ocasiones, dichas operaciones muestran un monto superior a la cantidad de recursos con las que cuentan. Es decir, tienen más ganancias por gasolina con la que sobre el papel no cuentan, pues el Estado es el que surte a las gasolineras del hidrocarburo. Eso, según el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, significa que las gasolineras operaban con un suministro de combustible que provenía del mercado negro, o ‘huachicol’, como se le apoda al hidrocarburo robado.
“Estamos hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil distribuir y vender 600 pipas de gasolina diarias”, declaró López Obrador a finales de diciembre de 2018. Según las investigaciones de la Procuraduría, Pemex podría conocer las señales de posibles robos, y habría obviado los protocolos para permitir la sustracción ilegal de combustible. Pero además de las irregularidades sobre el control de la producción de gasolina también se encontró una red clandestina para la distribución del producto robado. Con todo esto, se creó un mercado ilegal de consumo de ‘huachicol’, tanto para grandes consumidores como las industrias transportistas como para los particulares.
De acuerdo con especialistas existen por lo menos tres métodos para que los delincuentes roben combustible. El primero de ellos es la “toma en caliente”, un procedimiento muy peligroso y la causa de la mayoría de los accidentes -como el de Hidalgo-, pues se hacen perforaciones improvisadas en poco tiempo y las personas corren a recoger el líquido en pipetas.
El segundo de los métodos es el “ordenamiento”: desocupar el ducto desde casas o bodegas construidas en sus cercanías. En esta modalidad participan tanto bandas locales, como particulares y grupos de narcotraficantes. La última modalidad conocida es propia de grupos piratas, que van a los barcos que transportan el combustible por vía marítima y roban combustible, equipos de las plataformas e inclusive intentan abordar las embarcaciones. Todas acciones dejaron a finales de 2018 y comienzos de 2019 un desabastecimiento en las gasolinerías del país y nerviosismo entre los mexicanos. Con estas modalidades de robo Pemex ha perdido US$ 3.000 millones. El hurto de combustible se convirtió en una jugosa actividad para los delincuentes, que no paran pese al registro de muertes por la perforación indebida de ductos.
Este miércoles se descubrieron cinco nuevos ductos de los que se robaba combustible en Ciudad de México y también se registraron nuevas explosiones por perforaciones ilegales. En el estado de Hidalgo, donde sucedió la tragedia el 18 de enero, se presenció un incendio por una toma clandestina, que, afortunadamente, no dejó víctimas.
¿Qué hace el gobierno para detener estos crímenes? López Obrador ha impulsado una estrategia nacional para acabar con el robo de combustible. Se reforzó con miles de agentes la seguridad en los ductos y se transportó más gasolina con camiones cisterna, lo que hace más costoso el proceso de distribución de combustible y que, además, condujo a una crisis de desabastecimiento en diez estados del país, con estaciones de servicio cerradas y compras de pánico.
Según López Obrador, “hay un 65 % menos de robo de hidrocarburos. En dinero, es un poco más de 5.000 millones de pesos (unos 264 millones de dólares)”. El mandatario explicó que con su reforzamiento de la seguridad se han logrado evitar pérdidas. Sin embargo, los robos continúan, aunque en menos cantidad.
“La gente está muy esperanzada del cambio y nos dicen que no aflojemos, ni un paso atrás en el combate a la corrupción y a la impunidad porque esto es lo que quiere el pueblo de México”, resaltó el mandatario. ¿Podrá funcionar la estrategia de López Obrador?
