El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es uno de los personajes más cuestionados por su gestión durante la pandemia. No solo imitó, como en otras ocasiones, el modelo estadounidense de Donald Trump en el que se niegan los hechos, se provoca y se defiende ante todo la economía, sino que, según analistas, fue más lejos. El país latinoamericano ya supera las 23.000 muertes y, para rematar, organizaciones de derechos humanos aseguran que las medidas gubernamentales buscan dejar sentadas las bases para que, una vez superada la crisis, quede un sistema de control gubernamental más fuerte que nunca.
El ajedrez político que juega el mandatario, sin embargo, se ha complicado en las últimas semanas. A pesar de su tranquilidad a la hora de practicar jet-ski en medio de la crisis, o mezclarse con simpatizantes, sin usar mascarilla, la rama Judicial brasileña ha comenzado a tomar decisiones en su contra con base en investigaciones que lo han puesto contra las cuerdas.
Primero dimitió el flamante ministro de Justicia, Sergio Moro, y el pasado viernes Celso de Mello, juez del Supremo Tribunal Federal, liberó la difusión del video de una reunión ministerial dirigida por el presidente Jair Bolsonaro en la que califica de “estiércol” a Wilson Wietzel, gobernador de Río de Janeiro, por oponerse a sus medidas de confinamiento. Mello, además, solicitó la aprehensión del celular de Bolsonaro, una decisión que, en caso de ser aceptada por el fiscal general, tendría “consecuencias imprevisibles y comprometería la estabilidad”, según el general Augusto Heleno, jefe del Gabinete de Seguridad Nacional.
La crisis invisible
En medio de este debate político surge otro que hasta el momento ha pasado inadvertido para muchos, pero que podría comprometer derechos fundamentales y darle al gobierno un grado de control desproporcionado sobre los brasileños. Si bien Bolsonaro aparece ante los medios como un enemigo de la cuarentena y un escéptico frente al nuevo coronavirus, ha expedido polémicas medidas como la número 928 del pasado 23 de marzo, que pretendía suspender por tiempo indeterminado los plazos máximos de respuesta a solicitudes a instituciones públicas. La Suprema Corte Federal, sin embargo, la anuló frente a la presión de organizaciones que la consideraban inconstitucional.
Además, la administración actual retrasó hasta 2021 la entrada en vigor de la primera ley de protección de datos en la historia de Brasil. Según la organización Derechos Digitales, el hecho no es de poca monta, teniendo en cuenta la medida publicada el pasado 17 de abril, que autorizaba el acceso de la autoridad estadística nacional a datos telefónicos de millones de ciudadanos brasileños. “Según el texto, las empresas telefónicas deberían entregar el nombre, número de teléfono y dirección de todos sus clientes para facilitar la realización de encuestas en el período de emergencia de salud pública”, señala la organización.
Nuevamente la Suprema Corte Federal anuló la medida que, según Derechos Digitales, violaba “el derecho a la intimidad, vida privada y secreto de datos previsto en la Constitución”. Con todo y eso, las peleas y el ruido político han permitido que los gobiernos de varios estados avancen en el tema y pongan en peligro la privacidad de las personas. Es el caso de Río de Janeiro y São Paulo, cuyos gobernadores decidieron hacer alianzas con empresas de telefonía para recolectar datos y rastrear el movimiento de las personas. Incluso se han comenzado a utilizar drones para emitir alertas en caso de que se presenten aglomeraciones.
Si bien la tecnología puede ayudar durante la crisis sanitaria, se deben mantener los protocolos que preserven los derechos digitales de las personas. Un grupo de aplicaciones lanzadas recientemente, por ejemplo, busca ayudar al gobierno para identificar rápidamente casos de contagios mediante un autodiagnóstico virtual. Sin embargo, un informe publicado por InternetLab reveló serios problemas en materia de permisos, transparencia, seguridad e intrusión hacia los usuarios.
Como afirmó recientemente Li Sihui, investigador de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, en Wuhan, “la prevención y el control de la epidemia necesitan el apoyo de la tecnología de big data, pero esto no significa que las agencias y los individuos puedan recopilar información de los ciudadanos al azar tomando prestado el nombre de prevención y control”.
La encrucijada sobre el uso de estas herramientas para manejar crisis se hace cada vez más complicada. Como advierte Derechos Digitales, la “necesidad, adecuación y proporcionalidad en la respuesta tecnológica es lo que separa una crisis de salud global de una renuncia de los derechos fundamentales, tejido básico de sociedades como las nuestras, que se han jugado su sangre e historia por escapar del autoritarismo y garantizar una vida digna para todos”.
