Los litigios territoriales entre Colombia y Nicaragua parecen de nunca acabar. Después del fallo adverso del 19 de noviembre de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya determinó, tras once años de proceso, que no había una delimitación marítima entre los dos países, dejando bajo soberanía nicaragüense más de 75.000 kilómetros cuadrados de aguas que antes habían estado bajo dominio colombiano, se pensó que todo estaba definido.
Ante el fallo adverso, y para blindarse contra un nuevo pleito ante ese tribunal internacional, el gobierno colombiano ordenó, el 27 de noviembre de 2012, el retiro con “efecto inmediato” del Pacto de Bogotá, que obliga a los signatarios a resolver sus conflictos por medios pacíficos y que le da jurisdicción a la Corte Penal Internacional (CPI). De acuerdo con el reglamento, para que el país quede fuera de la jurisdicción de la Corte debería pasar un año. Amparado por esa norma, el 16 de septiembre de 2013, Nicaragua volvió a demandar a Colombia, esta vez pidiéndole a la CIJ que trace una línea de frontera marítima entre las dos naciones, más allá de los límites establecidos en el fallo, es decir, más allá de las 200 millas náuticas que se cuentan desde la base de la costa nicaragüense.
Semanas después, el 26 de noviembre de 2013, un día antes de cumplirse un año del retiro del pacto, Managua demandó por “incumplimiento en la aplicación del fallo de 2012” y basó sus argumentos en la serie de reacciones de rechazo a la sentencia de autoridades colombianas, como las alocuciones presidenciales declarando el fallo como “inaplicable, incompleto e inconsistente”, la denuncia del Pacto de Bogotá, el decreto de zona contigua especial en áreas marítimas que la Corte le otorgó a Nicaragua y la sentencia de la Corte Constitucional que determinaba que el pacto debía implementarse mediante un tratado, para respetar la Constitución.
Aunque Colombia ya había renunciado a la jurisdicción de la Corte aceptó concurrir al tribunal “para defender los intereses nacionales”. De acuerdo con los miembros del equipo legal, “era mejor ir al tribunal porque de igual manera los jueces habrían asumido el examen de fondo de las demandas y era mejor que conocieran los argumentos colombianos”. Así, el agente Carlos Gustavo Arrieta y el coagente Manuel José Cepeda acudieron en octubre del año pasado con argumentos como que la Corte ya no era competente, que en el fallo anterior ya se habían resuelto las peticiones nicaragüenses y que los fallos no son apelables.
El gobierno de Daniel Ortega defiende que los dos litigios fueron introducidos en el tribunal internacional antes de que se materializara la renuncia de Colombia al Pacto de Bogotá. Managua argumenta el incumplimiento colombiano en conductas de desacato, órdenes y decretos presidenciales, violación de sus espacios y supuestas amenazas del uso de la fuerza. Ese país elevó el fallo de 2012 a rango constitucional y ha permitido que EE. UU. y Rusia realicen ejercicios militares en la zona. Además ha extendido licencias de pesca a nativos de San Andrés.
El jueves la Corte Internacional decidirá si es competente o no en las últimas demandas. Será una decisión más de forma que de fondo, pero que puede abrir nuevos frentes. “Si a Colombia no le va bien, no significa que vaya a perder un milímetro de su territorio marítimo”, explicó el agente Carlos Gustavo Arrieta. Pero comenzaría una batalla jurídica que duraría entre dos y tres años. “La Corte definirá dos fallos en una sola sesión y los va a leer en forma consecutiva, va a leer el fallo sobre el supuesto incumplimiento de parte de Colombia y a continuación leerá el de la plataforma continental”, explicó el equipo colombiano. Estos son los cuatro escenarios (ver recuadros) que el equipo legal colombiano anticipa.
