El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confesó este miércoles que está considerando “seriamente” acabar con el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, una vieja promesa de su campaña electoral que la oposición demócrata y muchos expertos consideran inconstitucional.

“Estamos pensando en (acabar con la) ciudadanía por nacimiento muy en serio”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas antes de emprender un viaje hacia el estado de Kentucky. “Francamente, es ridículo (…) Tienes un bebé en nuestro país, es decir, cruzas la frontera, tienes un bebé y ‘felicidades, el bebé es ahora un ciudadano estadounidense’”, añadió.

Trump ya prometió acabar con ese derecho cuando competía por la Casa Blanca en 2016, y el pasado octubre, durante la campaña de elecciones legislativas en Estados Unidos, el mandatario recuperó la idea y aseguró que firmaría un decreto para implementarla, algo que finalmente no hizo.

Sin embargo, los planes de Trump chocan con la 14° enmienda de la Constitución del país. Así se lo recordó la oposición demócrata, que argumentó que sería necesaria una reforma constitucional para lograr ese objetivo. La decimocuarta enmienda de la Carta Magna, aprobada en 1868, concedió el estatus de ciudadano a los esclavos afroamericanos liberados y estableció que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas por tanto a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.

El Tribunal Supremo respaldó ese derecho para los hijos de inmigrantes en 1898, pero la Casa Blanca subrayó el pasado octubre que la máxima instancia judicial nunca se había pronunciado sobre el tema en casos en que los padres del aspirante a la ciudadanía fueran indocumentados.

Trump no aclaró este miércoles si su plan para acabar con ese derecho se basaría exclusivamente en su poder ejecutivo, pero si llegara a intentarlo por decreto, esa medida desencadenaría con toda seguridad una batalla judicial que acabaría en el Supremo.

Por otro lado, el gobierno anunció este miércoles el fin de un acuerdo que ha protegido a los inmigrantes menores de edad, que impide que permanezcan detenidos más de 20 días, en un intento por frenar la migración de familias indocumentadas, que se ha disparado en los últimos meses.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) dio a conocer en un comunicado “una regla final” destinada a acabar con las disposiciones del llamado Acuerdo Flores, vigente desde 1997, que será publicada en el Registro Federal este viernes y entrará en vigor en 60 días desde entonces.

El Acuerdo Flores establece protección a menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene, y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma prohíben al Gobierno mantener detenidas a las familias con niños durante más de 20 días.

El secretario del DHS en funciones, Kevin McAleenan, explicó en su cuenta de Twitter que «la acción de hoy aborda una debilidad impuesta por los tribunales a la ley de inmigración, que impidió que el DHS detuviera a familias unidas durante más de 20 días y codifica compromisos críticos sobre las condiciones para los menores bajo cuidado federal». A juicio de McAleenan, la medida adoptada este miércoles “elimina el incentivo que alienta a los traficantes a explotar niños”.

Pese a que ya había adoptado pasos para frenar el flujo migratorio, la Administración de Trump ha puesto el dedo aún más para reducirlo, después de que en mayo se batiera la cifra récord de 132.870 detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera con México, de las que 84.491 correspondieron a unidades familiares (que las autoridades definen como individuos acompañados de un menor, un progenitor o un tutor legal).

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) indicó que investigan «el tráfico de niños y los documentos fraudulentos usados», que, aseguran, aprovechan los «vacíos legales en la migración de las familias».

Esa agencia federal argumenta que ha detectado casos de menores utilizados por adultos con los que no tenían ninguna relación para la entrada ilegal al país, dado que las autoridades deben liberar a los pequeños en el tiempo establecido en el Acuerdo Flores, lo que obliga al inicio del proceso de regularización de las familias.

Dicho acuerdo “originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años”, pero se ha ido prorrogando sin que las Administraciones anteriores a la actual adoptaran una regla definitiva, explicó este miércoles el DHS.

Ese organismo complementó que, tras la medida hoy anunciada, el Acuerdo Flores «terminará por sus propios términos, y la Administración de Trump continuará trabajando por un mejor sistema de inmigración». Este paso ha sido criticado por numerosas organizaciones proinmigración y los demócratas.

«Cualquier esfuerzo por reformar o enmendar esta regla debería funcionar para mejorar la atención y las condiciones, no debilitar estas protecciones críticas y permitir el encarcelamiento indefinido de niños inmigrantes», señaló en un comunicado Todd Schulte, presidente de FWD.us, un grupo de defensa de inmigrantes cofundado por Mark Zuckerberg, Bill Gates y otros líderes tecnológicos,

Mientras, el presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Tom Perez, calificó la medida de «inmoral» y señaló que muestra «la crueldad infinita de esta Administración».

“Las personas que buscan asilo y los inmigrantes se merecen ser tratados con la dignidad y decencia humana más básica”, dijo Perez, para quien “no existe justificación moral para la detención indefinida de niños”.

Por su parte, la presidenta de la coalición Families Belong Together, Jess Morales Rocketto, auguró en un comunicado que “esta norma separará a más familias y traumatizará a innumerables personas en el proceso”.

“No hay manera de que podamos confiar en la misma Administración que dejó que seis menores murieran bajo su supervisión, y argumentó que los niños no necesitan de necesidades básicas como jabón y cepillos de dientes”.