El Tribunal Superior de Justicia de Londres consideró legal un polémico programa de deportaciones que impulsó el gobierno británico, lo que marcó una victoria para el primer ministro, Rishi Sunak, cuya administración, al igual que la de sus predecesores, han insistido en promover este tipo de iniciativas para frenar la llegada de inmigrantes.

Grupos de derechos humanos, así como un sindicato de la administración pública, cuestionaron la legalidad de este esquema, que permite la deportación de algunos solicitantes de asilo a Ruanda para que sus solicitudes se resuelvan en ese país y no en el Reino Unido. La medida desató una oleada de críticas por parte de activistas y fue desafiada en los tribunales.

Las organizaciones benéficas argumentaron que Ruanda no es un destino seguro para los solicitantes de asilo y que este esquema violaba las leyes de derechos humanos. “Tratar a las personas que buscan seguridad como carga humana y enviarlas a otro país es una política cruel que causará un gran sufrimiento humano”, comentó Enver Solomon, jefe ejecutivo del Consejo de Refugiados, de acuerdo con CNN.

Sin embargo, la corte británica consideró que las medidas no son contrarias a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU. “Es legal que el gobierno haga arreglos para reubicar a los solicitantes de asilo en Ruanda y que sus solicitudes de asilo se determinen en ese país”, se lee una parte de la sentencia. Pero todavía no está claro si este fallo significa que los vuelos de deportación a Ruanda pueden comenzar, pues al parecer el plan también depende de una orden judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en junio impidió las deportaciones.

Además, Care4Calais, uno de los grupos de derechos que presentó el desafío, sostuvo que estaba considerando apelar el fallo ante un tribunal superior: “Este es solo el primer fallo del tribunal. Nos mantenemos firmes en nuestra oposición a la política y en nuestra determinación de garantizar que ningún ser humano sea deportado por la fuerza”, se lee en sus redes sociales.

¿Cuántas personas podrían ser enviadas a Ruanda? Algunas claves de la medida

Tanto Sunak como su ministra del Interior, Suella Braverman, alegan que es necesario tomar medidas urgentes para evitar nuevas tragedias en el Canal de la Mancha, después de que la semana pasada murieran cuatro personas al volcar su embarcación en aguas heladas. La tragedia ocurrió un año después del naufragio de otra embarcación, que provocó la muerte de 27 personas. “Siempre hemos sostenido que la política era legal, y el tribunal nos ha dado la razón”, sostuvo Braverman. “Estamos dispuestos a defendernos de nuevo contra cualquier acción legal”, agregó.

Boris Johnson, el ex primer ministro que inició este plan, aplaudió el fallo: “Es una buena noticia que el Tribunal Superior haya dictaminado que la política de Ruanda es legal. Es una de las únicas formas humanas de tratar con las viles bandas de traficantes de personas que están explotando a tantas personas”, escribió en sus redes sociales.

Pero a larga, el anuncio de la política ha logrado poco o nada: los cruces no han disminuido desde el 14 de abril, fecha en la que se lanzó el plan. “Más de 44.000 personas ya han usado esta ruta para venir al Reino Unido este año, la cifra más alta desde que comenzaron los registros”, se lee en una publicación de la BBC.

Steve Valdez-Symonds, director de derechos de refugiados y migrantes de Amnistía Internacional Reino Unido, dice que la decisión de este lunes es preocupante: “Esto socava gravemente el derecho internacional sobre refugiados y pisotea los derechos de las personas que buscan asilo en el Reino Unido”, sostuvo Valdez-Symonds, según datos del diario británico, The Guardian.

¿Habrá excepciones?

El Tribunal Superior pidió, sin embargo, al Ministerio del Interior revisar la decisión respecto a ocho migrantes que se oponían a ser expulsados hacia Ruanda. La corte considera que no se examinó de manera adecuada las circunstancias de cada uno.

Con información de AFP*