Zhang Zhan, una abogada de 37 años originaria de Shanghai (China), viajó en febrero a la provincia de Wuhan en pleno apogeo del brote de Covid-19 para relatar lo que sucedía en este lugar. Los medios de comunicación en el país están ampliamente controlados por el estado, por lo que han surgido periodistas ciudadanos como ella para intentar ofrecer información de manera independiente. Por su labor, estos ciudadanos sufren censura y castigos por parte del gobierno, como la cárcel.

Zhan se convirtió este lunes en la primera persona condenada por contar lo que pasaba con el Covid-19 en China. Según las autoridades, Zhan había “provocado altercados y buscado problemas” con sus informes. Pero para Amnistía Internacional, ONG defensora de los derechos humanos, lo único que ella hizo fue informar sobre las detenciones de otros reporteros independientes y el acoso que sufrieron familiares de las víctimas de la pandemia de coronavirus.

Zhan compartió videos que también mostraban a ciudadanos preocupados por sus ingresos y hospitales abarrotados. Ella cuestionó fuertemente al gobierno por querer silenciar a quienes hacían preguntas sobre la emergencia, como si el bloqueo a la provincia de Wuhan fue lo suficientemente estricto. Además, criticó la campaña del gobierno en la que resalta su respuesta a la pandemia.

“La forma del gobierno de administrar esta ciudad ha sido la intimidación y las amenazas. Esta es realmente la tragedia de este país”, señaló en uno de sus videos. “Si publica esto en línea, tendrá que asumir la responsabilidad”, le dijo un hombre vestido de guardia en su penúltimo video.

En mayo, de manera abrupta, Zhan dejó de publicar contenido sobre la pandemia. Había sido arrestada por las autoridades por “difundir mentiras”. Esperando su juicio, esta cronista de la tragedia en China inició una huelga de hambre considerando que su detención fue injusta. Las autoridades la alimentaron a la fuerza a través de un tubo de alimentación.

Las autoridades tampoco permitieron el ingreso de periodistas extranjeros a su juicio, celebrado este lunes. La sentencia dictada fue de cuatro años de prisión por “provocar problemas”, un cargo vago que, como explica The New York Times, “se usa comúnmente contra los críticos del gobierno”.

Zhan sollozó al escuchar su condena y levantó alarmas sobre su estado mental, según su abogado, quien añadió que ella se negó a aceptar los cargos por considerar que no había razón para censurar sus informaciones, publicadas a través de plataformas chinas como WeChat y otras prohibidas en el país como Twitter o YouTube.

La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió que se libere a la periodista Zhan cuanto antes.

“Hemos hablado sobre su caso con las autoridades a lo largo de 2020 y lo consideramos un ejemplo de restricciones excesivas a la libertad de expresión en relación con la Covid-19”, comunicó la oficina de Bachelet en la red social twitter.

Hay otros tres periodistas ciudadanos que desaparecieron en Wuhan tras informar sobre la pandemia en el terreno. Sus reportajes contrastaban con la narrativa del gobierno. Uno de ellos es Fang Bin, quien según reportes se encuentra bajo vigilancia.