Ilenia Medina, de la agrupación Patria Para Todos (PPT), acudió al Ministerio Público para solicitar a su titular, Tarek William Saab, que «inicie un antejuicio de mérito» ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra los dos diputados.

«Que la Fiscalía cumpla sus competencias para enjuiciar a todos los criminales», dijo Medina a periodistas.

Añadió que ambos parlamentarios -delegados de la oposición en una fallido diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro- han cometido el delito de «traición a la patria» por impulsar sanciones contra Venezuela.

«Han venido haciendo declaraciones y ejecuciones en espacios internacionales cuando no tienen representatividad alguna para hacerlo, solicitando acciones contra la soberanía de la República», sostuvo.

La parlamentaria también anunció que pedirá a la oficialista Asamblea Constituyente, que rige el país con plenos poderes, que los venezolanos que «comentan delitos de lesa patria» -como considera que lo hicieron Borges y Florido- «pierdan la nacionalidad».

No precisó cuándo hará esa solicitud.

Dirigentes oficialistas han solicitado en varias oportunidades enjuiciar a diputados opositores por «traición a la patria», delito castigado hasta con 30 años de cárcel, por supuestamente promover el intervencionismo extranjero.

Si la Fiscalía encuentra razones para procesar a Borges y Florido, podría solicitar un antejuicio de mérito ante el TSJ, a fin de que les levante la inmunidad y los someta a juicio.

Así ocurrió en noviembre pasado cuando el TSJ desaforó al entonces vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, por supuesta instigación a la violencia y asociación para delinquir, a raíz de protestas que dejaron unos 125 muertos en 2017. Debido a ello, Guevara se refugió en la embajada de Chile en Caracas.

Tras fracasar el 7 de febrero las negociaciones para intentar superar la crisis política, Borges inició una gira por Latinoamérica para presionar por garantías de cara a las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

El diputado se ha reunido con los mandatarios de Panamá, México, Argentina y Perú.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y varios países de la región desconocen los comicios por considerar que carecen de garantías para ser «justos y transparentes».