El presidente de la asociación civil más importante de Cataluña, Jordi Cuixart, lleva en prisión desde octubre de 2017. El pasado 14 de octubre, el Tribunal Supremo lo condenó a nueve años de cárcel por un delito de sedición. Amnistía Internacional pide la liberación de este líder independentista y Marcel Mauri, que tomó las riendas de la entidad, exige al Gobierno de España que libere a los presos y se siente a negociar una solución pactada.
¿Qué peso tiene Òmnium Cultural en la vida pública catalana?
Tenemos un peso importante en lo que se refiere a la vida asociativa cultural. Somos más de 180.000 socios. Por poner un ejemplo, el FC Barcelona tiene 120.000. Somos la entidad con más socios de Cataluña, de España y una de las entidades de carácter civil con más socios de Europa. Tenemos un peso significativo, un peso social y un rol que la ciudadanía nos ha dado. No solo los socios, sino la gente que pueda simpatizar con aquello que defendemos. No nos dedicamos a la política de partidos, pero sí hacemos política.
De esos 180.000 socios, sabiendo el rol político que juega la entidad, ¿cuántos se han sumado en los últimos 10 años, desde que el sentimiento independentista empezó a crecer?
En estos tres años hemos más que doblado la cifra de socios que había hasta ahora. Siempre ha habido una línea de crecimiento positiva, pero mucho más desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en referéndum por la sociedad. A partir de ahí, tanto nosotros como otras asociaciones tomamos un rol en defensa del derecho a decidir ya que la justicia española se había cargado nuestro estatuto.
El presidente de su entidad, Jordi Cuixart, lleva más de dos años en prisión. Desde el 14 de octubre con una condena firme por sedición. ¿Cómo lo lleva?
Él está muy bien, es una persona con mucha capacidad de resiliencia, de adaptarse a situaciones muy complejas. Es una persona que siente que no solo no ha cometido ningún delito, sino que se le han condenado injustamente. Cuando era joven, fue insumiso al servicio militar desde un pacifismo radical, y ahora ha sido condenado por sedición y acusado por rebelión, que implican, en ambos casos, el uso de la violencia, lo que resulta paradójico. Cuixart está en la cárcel por liderar manifestaciones escrupulosamente pacíficas y por defender derechos fundamentales.
¿Cómo siguen las protestas en Cataluña y qué defiende su asociación?
La gente, en las últimas protestas, pedía que España negociara. Los carteles decían «Spain, sit and talk» («España, siéntate y habla»). Sentémonos y negociemos. Desde Òmnium siempre hemos defendido que el diálogo y la negociación siempre son la vía para resolver los conflictos. Que el Gobierno español mire para otro lado y no quiera sentarse a negociar nos parece preocupante e irresponsable.
Un Informe de Amnistía Internacional habla de la liberación inmediata de Jordi Cuixart, pero también señala que el juicio fue justo. Desde su entidad han pedido a Pedro Sánchez que tramite esa liberación, sin embargo, la forma en que lo podría hacer sería el indulto, algo que ustedes no aceptan porque creen que sería reconocer el delito.
El Gobierno español puede hacer más cosas. En primer lugar, fuimos los primeros en dejar muy claro que nada de indultos por una simple cuestión, porque no hemos cometido ningún delito. A partir de ahí, ¿qué puede hacer el gobierno español? Podría hacer una Ley de Amnistía, podría instar a la Fiscalía, ya que dijo en campaña que estaba bajo su control, y a Abogacía del Estado a que no se pusieran en contra de lo que piden las defensas y ya el Tribunal Supremo decidiera… puede hacer muchas cosas.
El presidente Sánchez luego rectificó sus palabras respecto a la Fiscalía
Las rectificó de una forma curiosa y después de que, evidentemente, toda la Fiscalía se le echara encima. Cuando hizo la declaración, fue a decir que estaba muy cansado porque la campaña electoral era muy dura. Aunque le concediéramos el derecho a rectificación, la Abogacía sí depende directamente del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, del Gobierno español. Esta institución podría haber hecho un gesto de no oposición a la postura de las defensas pidiendo el incidente de nulidad para declarar nulo el juicio. Amnistía Internacional, la ONU y otras organizaciones están diciendo que la prisión de los líderes es un disparate. Ahora vamos a ir al Tribunal Constitucional y el Gobierno puede hacer cosas también para que el TC pueda actuar con celeridad y que no vayan dilatando los tiempos. Al fin y al cabo, lo que nosotros queremos es llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Se avecinan días complicados para Pedro Sánchez porque tiene que negociar su propia investidura, y, en esa negociación, entra Esquerra Republicana -formación política más votada en Cataluña-. ¿Cómo valora las negociaciones?
Como un ejemplo de lo que ha hecho siempre el soberanismo catalán, que es intentar dialogar. Lo ha hecho el Presidente de la Generalitat -gobierno catalán-, que ha llamado hasta en seis ocasiones a Sánchez en medio de una crisis muy profunda, cuando en las calles de Barcelona había protestas muy intensas, cuando se estaba ocupando el aeropuerto por los manifestantes. El presidente del Gobierno decidió que no era momento para responder la llamada de Quim Torra -presidente catalán-. Eso es una vergüenza absoluta y una gran irresponsabilidad que ha dado alas a la extrema derecha. Lo que está haciendo Esquerra Republicana forma parte de lo mismo, de intentar buscar una solución que sea dialogada y negociada. Nosotros entendemos que en la negociación se tiene que hablar de amnistía, del derecho a la autodeterminación, y de terminar con la represión y con la judicialización de la política en Cataluña, que nos ha llevado al callejón sin salida en el que estamos ahora mismo.
Una de las figuras calve del independentismo manifestó que si las negociaciones fracasaran se debería ir a un nuevo «1 de octubre» -fecha en la que se celebró el referéndum ilegal sobre la independencia-.
Antes habría que agotar las vías de negociación. El 1 de octubre significó el mayor acto de desobediencia civil que se ha hecho en Europa en los últimos 30 o 40 años desde una escrupulosa voluntad de la ciudadanía de resistir la violencia policial, que fue muy dura. No estamos ahora mismo en esa fase todavía. Estamos en la fase de ver si España es capaz de entrar en una senda del diálogo y la negociación, y a partir de ahí, buscar soluciones. El Gobierno tiene una oportunidad ahora de hacer las cosas bien. Hasta el Papa Francisco ha dicho que en España hay un problema político. Lo dice el Papa, Amnistía Internacional, ONU… ¿quién más se lo debe decir al Gobierno español para que haga caso y mire lo que está pasando?
¿En qué cree que tiene que ceder el soberanismo para buscar esa solución?
El independentismo ha hecho autocrítica en estos últimos dos años. Hasta la presidenta del Parlamento catalán, que lleva casi dos años en la cárcel, ha dicho que a lo mejor no fueron lo suficientemente empáticos con una parte de la población que no es independentista. Desde el soberanismo se ha hecho está reflexión y se debe seguir haciendo. No obstante, cuando se han sometido al escrutinio de la ciudadanía, que es el que cuenta en democracia, la gente los sigue votando mayoritariamente.
¿Es la ruptura unilateral una opción?
Debe ser la ciudadanía quien la apoye o no la apoye en unas elecciones. Ahora, por ejemplo, el partido más votado en Cataluña, Esquerra Republicana, no está en esa vía. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo: ante un Estado que actúa como actúa, no vamos a decirle a nadie que no explore las vías para conseguir objetivos políticos, pero con una condición: que sean vías pacíficas y democráticas. A partir de ahí, que se explore cualquier opción. La deseable es un referéndum pactado con el Estado.
En las elecciones del pasado 10 de noviembre, el independentismo obtuvo su mejor resultado a escala estatal de su historia, pero en paralelo, la extrema derecha consiguió dos escaños en la región. ¿Cómo valora esa polarización?
Cualquier voto para la extrema derecha se deber lamentar y analizar. La sociedad catalana está mucho menos polarizada que la sociedad española en lo que se refiere a la extrema derecha. De 48 escaños que se repartieron en Cataluña el 10N, 2 fueron para Vox y 6 fueron para los partidos constitucionalistas de derechas. 23 escaños recayeron en el independentismo, y casi dos tercios en partidos políticos que creen en un referéndum de autodeterminación. En cualquier caso, las sociedades polarizadas no nos deben dar miedo. Una sociedad democrática polarizada se resuelve en las urnas.
Cataluña ha jugado un rol importante en el crecimiento de la extrema derecha en España
Cuando se permite que la extrema derecha sea acusación popular en el juicio contra los líderes independentistas, cuando se centra toda la campaña política en Cataluña como si en España no hubiera problemas de desempleo, desahucios, de gente que no llega a final de mes, pasa esto. Que la extrema derecha pueda condicionar el relato o esté gobernando en sitios importantes es muy preocupante. A Vox lo alimentan aquellos que permiten hacerles el juego.
Según varios sondeos de opinión, entre el 68% y el 80% de los catalanes estaría dispuesto a votar en un referéndum sobre el futuro de Cataluña. ¿Se puede hacer eso de espaldas a los millones de ciudadanos del resto de España?
Cuando un territorio con una historia propia, una identidad lingüística, y, sobre todo, con un sentimiento colectivo de querer decidir su futuro lo quiere, lo que debe hacer el Estado es lo mismo que ha hecho Reino Unido y lo mismo que ha hecho Canadá: permitir que ese territorio, que tiene unas peculiaridades, pueda decidir. Lo que no puede ser es imponer la ley del más fuerte o la ley del peso demográfico. Si esta cuestión se tuviera que dirimir entre todos los españoles, probablemente dirían que No a la independencia. No puede ser que una mayoría demográfica acabe con la voluntad de una minoría. El futuro de Cataluña pertenece a los catalanes.
¿Qué pasa con la mitad de catalanes que no quieren romper con el resto de España?
Esa pregunta se puede formular desde el otro lado: ¿Qué pasa con una mitad exigua que no se siente representada por ese Estado? Las urnas siempre tienen que ser la solución.
Entre el sí y el no hay otras propuestas, como la de ofrecer mayor autogobierno para Cataluña.
Esas propuestas nunca las hemos visto sobre la mesa. Hay una realidad incontestable desde hace muchos años en Cataluña, y es que la inmensa mayoría de la gente quiere un referéndum. Esa es la realidad y hay que dar salida a esa realidad. Eso es lo que decimos desde Òmnium: siéntense, negocien y liberen a los presos, no sigan reprimiendo y judicializando para hacer lo que la política es incapaz de resolver.
