Las fuerzas progubernamentales de Nicaragua lanzaron este martes una fuerte ofensiva para recuperar el control de la ciudad de Masaya, declarada por sus pobladores en rebeldía.

«Frente a este ataque desmedido y no comparable en fuerzas, los ciudadanos están haciendo resistencia física dentro de sus posibilidades porque tienen que resguardar sus vidas», denunció el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva.

El ataque a la ciudad se produjo la mañana del martes, horas después que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) suspendiera el diálogo hasta que el gobierno incluya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea (UE) para investigar la violenta represión de las protestas, que deja 180 muertos en dos meses.

«Se oyen sonidos fuertes de ráfagas (de fusil) en el Coyotepe, La Barranca y en la entrada principal de Masaya, que ya esta bajo posesión» de las fuerzas progubernamentales, añadió Leiva.

En el operativo se reportaron al menos 32 heridos y «estamos enviando un S.O.S, que cesen su ataque y su terror» contra la población de Masaya, declaró Leiva al canal independiente 100% Noticias.

Las fuerzas progubernamentales, apoyadas por tractores y camiones de volquete de la Alcaldía de Managua, levantaban los bloqueos sobre la carretera a Masaya.

La ciudad de Masaya, 30 km al sureste de Managua y de 100.000 habitantes, se declaró el lunes en rebeldía para exigir que el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo abandonen el poder.

Diálogo suspendido

La víspera, los obispos dijeron en un comunicado que «cuando el gobierno nos envíe copia de esas invitaciones y los organismos internacionales nos transmitan su recepción» se convocará a la reanudación del diálogo.

«Este gobierno tiene que demostrar voluntad política. Esto no es un juego, esto es serio para el futuro de Nicaragua. Aquí no se pueden seguir asesinando más personas. Por favor, demos muestras de voluntad y de querer superar esta crisis», declaró a la prensa el obispo Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua.

El gobierno y la Alianza Cívica por la Democracia habían acordado el viernes invitar a los organismos internacionales a ayudar a investigar la situación de violencia.

Pero la alianza opositora, que agrupa a empresarios, estudiantes y sociedad civil, se retiró el lunes de las mesas de diálogo tras criticar al gobierno por el incumplimiento de ese acuerdo.

Los obispos, en tanto, consideraron de «vital importancia» solicitar a la CIDH que envíe «urgentemente» asesores técnicos para los trabajos de la Comisión de Verificación y Seguridad.
Esa entidad creada en el marco del diálogo será la encargada de investigar los delitos cometidos durante las protestas, que en dos meses suman 180 muertos y más de 1.000 heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial, alegó razones «burocráticas» para no haber cursado las invitaciones, dijo Carlos Tünnerman, delegado de la sociedad civil en las conversaciones.

 Gobierno se desmarca 

El diálogo había sido retomado el viernes, tras pasar días suspendido en medio de un recrudecimiento de la violencia en las calles del país.

Los participantes tenían ahora previsto discutir el levantamiento de los bloqueos de las vías, el adelanto de las elecciones de 2021 a marzo de 2019 y reformas en el poder judicial.

Tras la suspensión del encuentro, el gobierno emitió una declaración en la que se desmarcó de la represión contra las protestas.

Aseguró que propuso a la oposición «trabajar para alcanzar acuerdos verificables de seguridad, paz y reconciliación en los municipios y departamentos de Nicaragua».

En tanto, Estados Unidos se sumó a la presión por la presencia de organismos internacionales y por el adelantamiento de las elecciones para acortar el mandato de Ortega.

«Advertimos un generalizado reclamo de los nicaragüenses por elecciones anticipadas. Estados Unidos considera que adelantar las elecciones representa una forma constructiva de avanzar», dijo el departamento de Estado la noche del lunes.

En Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, condenó la violencia en Nicaragua y llamó al gobierno a cumplir los compromisos.

Las protestas comenzaron contra una reforma a la ley de seguridad social -ya retirada por el gobierno- y se fueron extendiendo para pedir la salida de Ortega, un exguerrillero de 72 años con 11 años en el poder, que combatió a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979.