Se trata del segundo caso en pocas semanas que enfrenta al gobierno de Donald Trump y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). 

Las dos chicas de 17 años cuyas identidades se mantienen en reserva pidieron, cada una a su respectivo médico y a su centro de acogida, poder poner fin a su embarazo. «Están firmes en su deseo de realizarse un aborto», aseguró la ACLU.

Las autoridades les hacen escoger entre no abortar o aceptar ser deportadas para realizarse el procedimiento en algún otro lugar. La ACLU argumenta que forzar a una mujer a llevar su embarazo a término viola la Constitución.

Se espera que la jueza federal Tanya Chutkan, que escuchó a las partes el lunes por la mañana, tome una decisión rápida.

Hace unas semanas, ocurrió un caso muy similar de una adolescente detenida en Texas y planteó la primera gran batalla legal en torno a un aborto bajo la administración del presidente Trump.

La menor, identificada con el seudónimo de «Jane Doe», logró un aborto de emergencia solo horas después de recibir una resolución favorable del Tribunal Federal de Apelaciones de Washington, que sesionó en plenaria.

En una recurso de 130 páginas enviado a la Corte Suprema de Estados Unidos, el Departamento de Justicia acusó a los defensores de la chica de precipitar su interrupción del embarazo sin darles tiempo para apelar y continuar la batalla legal.

Los abogados del gobierno pidieron incluso una sanción disciplinaria contra los abogados de la ACLU, que llevan en los tribunales un férreo combate contra las políticas de Trump.

El gobierno espera conseguir de una vez por todas el fallo a su favor de la Corte Suprema, de tendencia conservadora, mientras que los opositores al aborto controlan la Casa Blanca y el Congreso.