Tras un supuesto enfrentamiento en Nuevo Laredo con miembros del Cartel Noreste, la Policía de Tamaulipas (un estado mexicano fuertemente afectado por el narcotráfico) presentó una camioneta blindada, ocho cadáveres -cinco hombres y tres mujeres- y 15 armas de alto calibre como pruebas de su triunfo. Ninguno de los agentes resultó herido.

Sin embargo, una semana después de los hechos, el Comité de Derechos Humanos del municipio de Nuevo Laredo presentó fotografías, videos, testimonios y documentos que demostraban que todo había sido un montaje de los agentes. Según afirman, los policías secuestraron a las ocho personas, las ejecutaron en una casa aledaña y las pusieron después en el lugar del supuesto enfrentamiento.

La alarmante denuncia forzó de inmediato a la Fiscalía mexicana a abrir una investigación para clarificar lo sucedido en un estado en el que las desapariciones y muertes, producto de enfrentamientos con bandas narcotraficantes, son noticia de todos los días. Solo entre enero y julio de este año 394 personas fueron asesinadas en Tamaulipas, y unas 5.900 permanecen desaparecidas.

La versión de la policía

Las autoridades del estado fronterizo difundieron imágenes en las que se ven los ocho cuerpos: algunos al interior de una camioneta con la placa tapada y otros alrededor de esta. Según estas fotografías, los individuos se encontraban vestidos con uniformes militares que tenían grabados la sigla “CDN”, que hace alusión al Cartel del Noreste, una de las organizaciones fuerte de la región.

Entonces la prensa local reportó el hecho, a partir de un reporte oficial, así: “La policía de Tamaulipas abate a ocho sicarios del Cartel de Noreste”. Como esa información es frecuente a diario en los informativos, la noticia no generó mucho revuelo y pasó desapercibida hasta que empezaron las denuncias de secuestros e inconsistencias.

La versión de la comunidad

El director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, aseguró que todo se trató de un montaje, y por medio de pruebas desmontó la versión oficial.

Entre las pruebas se encuentran los relatos de varios testigos que aseguran que las personas fueron llevadas secuestradas por miembros de la Policía, y que fueron los mismos agentes quienes los disfrazaron con los uniformes.

“Yo vi cuando le pusieron el pantalón, las botas y un casco negro, así como apareció muerto», dice Kassandra Treviño, de 18 años, sobre la ropa que llevaba su padre, Severiano, uno de los asesinados, según reporta el diario El País.

Treviño fue la primera en denunciar directamente ante la justicia lo sucedido, pues el domingo pasado se dirigió a la Fiscalía local asegurando que una veintena de agentes había ingresado a su vivienda de manera violenta, y había obligado a su padre a vestir el uniforme militar antes de llevárselo esposado. Según ella, no volvió a saber de su padre hasta el momento en que se reportó el supuesto enfrentamiento.

Otras pruebas recolectadas muestran cómo quedó la vivienda donde aparentemente se realizaron las ejecuciones extrajudiciales, y unos videos muestran incluso a una grúa arrastrando la camioneta negra hasta el lugar donde la Policía reportó el enfrentamiento con los miembros del cartel.

Sumado a esto, un reporte de tránsito llevado por el Comité de Derechos Humanos también señala que la Policía estatal solicitó ayuda para trasladar el vehículo que después hizo pasar como el auto en el que se movilizaban los supuestos miembros del cartel. Y el Ejército, que estaba acordonando el lugar, también podría verse implicado y acusado de complicidad en el montaje, según la organización.

Con todas estas pruebas, que el comité califica de “contundentes”, la denuncia ha trascendido la política local y ha llegado a instancias nacionales. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas solicitó este miércoles una “investigación a fondo de los hechos”, y también aseguró que “El Gobierno federal de ninguna manera va a tolerar una práctica como la ejecución extrajudicial y deben deslindarse las responsabilidades», reportó el mismo diario.