El 14 de junio de 2016, el entonces candidato a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter: “¡Gracias a la comunidad LGBT! Yo voy a pelear por ustedes mientras Hillary (Clinton) trae más gente que amenaza sus libertades y creencias”. Una vez instalado en la Casa Blanca, el presidente Trump empezó a tomar medidas más congruentes con la plataforma conservadora del Partido Republicano.

En julio de este año, también en Twitter, el presidente estadounidense hizo un anuncio con el que buscaba detener las medidas que su antecesor, Barack Obama, había impulsado para garantizar la integración de personas transexuales en el ejército de Estados Unidos. “Después de haberlo consultado con mis generales y expertos militares, deben saber que el gobierno de EE.UU. no admitirá que personas transgénero ocupen algún cargo en el ejército”.

“Nuestras fuerzas militares deben enfocarse en una decisiva y sobrecogedora victoria y no pueden llevar la carga de tratamientos médicos tremendamente costosos y las disrupciones que ellos pueden traer”, escribió el presidente al final de una serie de trinos. Muy a su pesar, el Pentágono, que es el organismo encargado de las contrataciones de Defensa en Estados Unidos, anunció que a partir del primero de enero empezará a recibir soldados transgénero en sus filas.

Al contrario de lo que se podría creer, el anuncio contrario a la orden presidencial no ser trata de una rebelión fragante del Pentágono frente al presidente Donald Trump. Al contrario, es producto de una orden judicial.

Como ocurrió con el veto migratorio a países de mayoría musulmana, varios jueces se han puesto en el camino de la exclusión de personal transgénero del Ejército estadounidense.

Por un lado, está el fallo de la juez Collen Kollar-Kotelly quien había bloqueado la orden presidencial y obligó al ejército empezar recibir personal transgénero a partir de enero del próximo año. También en contra de la orden presidencial se pronunció Marvin Garbis, un juez distrital que le exigió al Ejército que continuara cubriendo el tratamiento médico de los uniformados que hayan decidido atravesar un proceso de transición.

-¿Cómo llegamos hasta aquí?-

“Con efecto inmediato, los estadounidenses transgénero pueden servir abiertamente (en el ejército)”, fueron las palabras con las que, Ashton B. Carter, secretario de defensa de la administración Obama, le abrió las puertas del Ejército a las personas transgénero.

“Ya no podrán ser despedidos o separados de sus puestos en cualquier fuerza del Ejército solo por ser transgénero”, añadió Carter quien también se comprometió a que las fuerzas armadas cubrirían los gastos médicos de aquellos uniformados que quieran comenzar un proceso de cambio de género y que comenzaría un programa de entrenamiento para que el personal se adaptara a los cambios.

La decisión de la administración Obama se sustentaba en un estudio según el cual, el costo de cubrir los procesos de transición de los uniformados era mucho menor que la cantidad de dinero que se invertía en el personal que desarrollaba adicciones o se suicidaba por no tener la posibilidad de acceder a los procedimientos médicos para cambiar de género.

En ese momento, se estimó que el presupuesto destinado a los procedimientos médicos y quirúrgicos estarían entre los USD$2.9 y 4.2 millones al año, una pequeña fracción de los USD$54.000 millones que Trump planea invertir en defensa el próximo año.

A pesar de que, por el momento, las medidas del presidente se han encontrado con obstáculos judiciales, lo más probable se trate de un impase temporal. Lo mismo ocurrió con el veto migratorio que, a pesar de la oposición de varios jueces, terminó en las manos de la Corte Suprema, de mayoría conservadora y cuyos miembros terminaron por darle luz verde a la iniciativa presidencial el pasado cuatro de diciembre.