El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, no es buen amigo de la prensa, especialmente del canal de televisión ABS-CBN, con el cual lleva meses chocando por una y otra razón. Esta vez está a punto de lograr cerrar el medio definitivamente, pues hoy se conoció que el fiscal general (figura que en Filipinas equivale al abogado del gobierno), Jose Calida, presentó hoy ante el Tribunal Supremo una petición para que no se renueve la licencia de ABS-CBN, que expira el mes que viene después de 25 años operando.

La decisión de renovar la licencia recae en el Congreso, que ya ha iniciado los debates, pero el Supremo, con una mayoría de magistrados afines al presidente, puede intervenir en la resolución. Calida acudió este lunes personalmente al Supremo para presentar su petición, en la que alega que ABS-CBN «ejerce ilegalmente», ya que se financia parcialmente con capital extranjero, lo que viola la ley filipina sobre medios nacionales.

«El gigante mediático se ha escondido detrás de un elaborado velo corporativo y ha permitido que inversores extranjeros participen en la propiedad de una entidad de medios de comunicación filipina», señaló Calida en un comunicado.

Desde la cadena, donde trabajan 11.000 personas, insisten en que sus operaciones cumplen la ley y que el capital foráneo entró a la compañía mediante «recibos de depósito filipinos» (PRD, en inglés).

ABS-CBN, que acumula las mayores cotas de audiencia, aclaró que esa fórmula además de ser legal, aprobada por la Comisión de Valores, es una «práctica común» entre las corporaciones de medios para obtener fondos sin violar la norma constitucional sobre la propiedad 100% filipina de los medios.

Amenazas de Duterte

El movimiento contra ABS-CBN no ha sorprendido, ya que el propio Duterte les acusó de publicar noticias injustas sobre él y amenazó en varias ocasiones con cerrar el medio, la última vez el pasado diciembre, cuando instó a los dueños de la corporación a vender la compañía para evitar la anulación de su licencia.

Algunos medios apuntan a que el enfado del mandatario con la cadena se gestó en la carrera presidencial de 2016, cuando ABS-CBN se negó a emitir un anuncio electoral de la campaña de Duterte.

Las redes sociales han mostrado su indignación con el posible cierre del medio y la etiqueta #no2ABSCBNshutdown (no al cierre de ABS-CBN) se convirtió pronto en tendencia, mientras que grupos civiles y organizaciones defensoras de derechos han alzado la voz y han convocado hoy una protesta en Manila.

«No debemos permitir que la venganza de un solo hombre, no importa cuán poderoso sea, desborde libertades garantizadas constitucionalmente, como la libertad de prensa y de expresión, así como el derecho del pueblo a saber», denunció la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP, en inglés).

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de Filipinas (FOCAP) calificó el movimiento como una «amenaza a uno de los pilares de la industria de medios que emplea a miles de filipinos y que ha jugado un rol crucial denunciando corrupción y abusos por décadas». Desde el Sindicato de Abogados Filipinos (NULP), recordaron que la medida es «una reminiscencia de los años de la ley marcial durante el mando de Ferdinand Marcos», quien inició la supresión de los medios y restringió el flujo de información a la prensa oficial.

De hecho, tanto el fiscal general Calida, como el presidente del Supremo, Diosdao Peralta, son veteranos magistrados que sirvieron en la judicatura en los tiempos de Marcos, además de ser considerados aliados de Duterte. Para Human Rights Watch (HRW), el caso contra el mayor y más influyente medio de Filipinas «tiene todos los ingredientes de acoso político», un «claro intento de Duterte para intimidar o controlar ABS-CBN», medio crítico con su gobierno y su polémica guerra contra las drogas.

Rappler como contexto

El ataque de la administración Duterte a ABS-CBN es el mismo argumento con el que ya intentó hace dos años revocar la licencia del portal Rappler, que mediante los recibos de depósito (PRD) obtuvo financiación de Omidyar Network, fondo del empresario estadounidense Pierre Omidyar, fundador del sitio de subastas eBay.

Para solventar la situación, Omidyar donó sus depósitos a los 14 directivos del medio, todos filipinos, entre ellos a su directora Maria Ressa, que después acumuló varias causas aún pendientes con la justicia por evasión de impuestos y difamación cibernética.

La propia Ressa, el equipo de Rappler, compañeros de profesión y defensores de la libertad de prensa han considerado todas esas denuncias «políticamente motivadas y ataques a la libertad de prensa» en represalia por su periodismo crítico con Duterte.

Por ese motivo Rappler publicó hoy un editorial en el que se solidarizó con ABS-CBN, donde trabajaron Ressa y gran parte del equipo directivo del portal nacido en 2012. «Lamentamos el último intento de la administración Duterte de utilizar los instrumentos del poder estatal para derrocar a un medio y silenciar a los periodistas filipinos», señala el editorial.

Como ABS-CBN, Rappler también insiste en que los PRD son una «práctica común y legal» entre los medios del país, que además goza del visto bueno de la Corte Suprema en varias sentencias.