El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, invitó este martes al opositor Carlos Mesa a sumarse a la auditoría prevista por la Organización de Estados Americanos (OEA) para despejar dudas sobre las sospechas de fraude electoral.  García Linera compareció en la sede del Gobierno boliviano en La Paz como vocero del presidente Evo Morales, quien era esperado por los medios.

El vicepresidente defendido que Evo Morales ganó los comicios del pasado 20 de octubre «claramente», con una «mayoría abrumadora» sobre Mesa. Morales venció con el 47,08 por ciento de los votos, frente al 36,51 del expresidente Mesa (2003-2005), con un margen del 0,57 por ciento para evitar una segunda vuelta.

La ley electoral exige el 50 por ciento de los votos más uno o 40 con 10 puntos de ventaja sobre el segundo para vencer en primera vuelta, pero cuando no se logran estos porcentajes, se va una segunda ronda entre los dos más votados. Álvaro García Linera subrayó que el presidente obtuvo más de 640.000 votos por encima de su rival. 

El censo electoral era de unos 7,3 millones de electores, con voto obligatorio para residentes en el país, casi 7 millones, y voluntario en el exterior. García Linera recalcó que Evo Morales, del gobierno Movimiento al Socialismo, es «nuevo presidente» para la gestión 2020-2025, frente al «candidato perdedor», Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.

El vicepresidente acusó al opositor de realizar «un esfuerzo violento, terrible», para desconocer la victoria del oficialismo. Al respecto, denunció una «campaña de agresiones» instigada por Mesa, con «quema ánforas» o urnas de votación.

Los días siguientes a la jornada electoral hubo asaltos a sedes regionales del órgano electoral, con incendios en algunas de ellas. En este punto, reclamó una Mesa «que se sume» a la auditoría prevista por la OEA con apoyo de México, Paraguay, Perú y «otras naciones hermanas», como «la mejor manera de aclarar dudas».

«Esperamos una respuesta rápida y afirmativa del candidato perdedor», concluyó en una breve comparación, sin preguntas de los periodistas.

La situación en Bolivia está cada vez más polarizada entre defensores y detractores de Evo Morales, con movilizaciones en contra ya favor de este pasado lunes fueron multitudinarias en La Paz y la vecina ciudad de El Alto. El país vive este martes una nueva jornada de paros, en la que están convocados bloques en las principales ciudades por parte de oposición y movimientos cívicos, mientras que el oficialismo llama a un respondedor con movilizaciones en defensa de la victoria electoral de Morales.

La ola de manifestaciones contra la polémica reelección de Morales ha escalado en el país. En La Paz, manifestantes opositores bloquearon calles y chocaron con agrupaciones de mineros y campesinos oficialistas provenientes de zonas andinas llegados para cercar la ciudad, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y cortaron el suministro de alimentos y la provisión de agua potable.

«Estamos haciendo un llamado para que nuestras bases vengan y (…) aumentemos este cerco. Nosotros no vamos a aceptar que haya un golpe de Estado. Vamos a defender la democracia, el respeto al voto indígena, campesino, intercultural, contra el racismo «, sostuvo Henry Nina, líder sindical oficialista.

Los aliados de Morales recibieron un plazo de 24 horas a los opositores para dejar la protesta. Los cortes de calles más drásticos han sido en la zona sur de La Paz, donde habita la clase media y alta, mayoritariamente contraria a Morales. Ahí también se exacerbó la raza racial, en un país donde las familias más pobres son indígenas.

«Las clases pudientes están enarbolando sus verdaderas luchas», Manuel Manuel Morales, de la influyente plataforma Conade, que agrupa a personalidades como el rector de la universidad estatal, Waldo Albarracín, o el exdefensor del pueblo Waldo Villena, y las políticas de oposición, principalmente centristas. «A la larga, lo que se va a imponer es este movimiento nacional de defensa de la democracia», señaló el líder del Conade.

De su lado, el ministro de Interior, Carlos Romero, dijo que los llamados de Mesa «para tomar las instituciones públicas, para desalojar al gobierno», eran una «convocatoria al golpe de Estado». Con la apertura del proceso de auditoria, vigilado por instituciones internacionales, el gobierno boliviano pretende bajar los recientes niveles de violencia callejera.