Desde hace cuatro meses, los trabajadores franceses se han tomado las calles de París y de otras numerosas ciudades francesas para protestar contra el proyecto de ley laboral. El sector de transportes se ha detenido y también los controladores aéreos y el sector eléctrico, el turismo está en riesgo de disminuirse y el Gobierno, a través de su ministro del Interior, Manuel Valls, insiste en que el proyecto de hecho busca incentivar el mercado laboral. El proyecto pasó por la Asamblea Nacional (parecida en la práctica a la Cámara de Representantes en Colombia), donde no hubo posibilidad de acuerdo, de modo que el gobierno de François Hollande decidió utilizar un artículo de la Constitución para pasarlo por decreto. Entonces, el proyecto pasó a manos del Senado, la siguiente instancia, que lo ha discutido por cerca de tres semanas y que lo votará en la tarde de este martes.
Lo más probable, dada la mayoría de derecha que existe en esa entidad, es que sea aprobado. Después una comisión mixta (compuesto por diputados de la Asamblea y senadores) lo debatirá para llegar a una posición común. Como lo más probable es que eso no suceda, el texto volverá a la Asamblea Nacional (donde podría ser adoptado de nuevo por decreto) a partir del 5 de julio y luego, de nuevo, al Senado. Su promulgación, luego de un examen constitucional realizado por el Consejo Constitucional (parecida a la Corte Constitucional), que revisa la forma y tiene la capacidad incluso de censurar algunos apartes del texto. En agosto, la ley podría entrar en implementación.
Sin embargo, todo este camino constitucional y legislativo está en riesgo a causa de las protestas de los numerosos sindicatos que ven en la ley más una amenaza que un avance, como ha insistido Valls en los últimos meses. Son tres los desacuerdos de los trabajadores. En primer lugar, la ley le da primacía a los acuerdos de empresa. ¿Eso qué significa? En Francia, el mercado laboral se rige hoy por el Código Laboral, luego por los acuerdos de sector y entonces sí por los de empresa. Esta ley invierte la pirámide y da el poder de la toma de decisiones a los empresarios por encima de los sectores (es decir, los sindicatos) y del código nacional que rige esas materias. Los sindicatos consideran que dicha inversión aumentará el desempleo. Los franceses también son conscientes (“no son ingenuos”, como anotó Le Parisien esta semana) de que dicho artículo, el número dos del proyecto, le quita poder a esos sindicatos e incluso impulsa a sindicatos menores para que tengan poder en las decisiones empresariales.
El segundo desacuerdo tiene que ver con los despidos. Si una empresa presenta pérdidas durante cuatro trimestres seguidos, puede recurrir a despidos. Los trabajadores creen que los pondrá en una situación de vulnerabilidad. El tiempo de pérdidas, en ciertas circunstancias, puede reducirse a dos semestres.
El tercer desacuerdo afecta directamente a los sindicatos. En la ley actual, el sindicato que representa a la mayoría es el que se comunica con los directores empresariales y llega a acuerdos. El nuevo proyecto le daría primacía al sindicato secundario si representa al 30% de los trabajadores.
En su paso por el Senado, el proyecto ha tenido numerosos cambios con el fin de “suavizarlo” y, según declaraciones oficiales, de convertirlo en un proyecto más liberal. Una de las transformaciones más destacadas fue la derogación de las 35 horas de trabajo semanales, que se presentaba como obligatoria en el texto original y ahora se impone como un período de referencia, que puede ser negociado con los empresarios. En ese aspecto persisten los desacuerdos, dado que no cambió la primacía que se les da a las empresas. En ausencia de acuerdo sobre las horas semanales, por ejemplo, el empresario podrá imponer por defecto 39 horas. También se restableció la indemnización a los empleados despedidos sin causa justificada y el derecho a la desconexión, que permite a los empleados apagar sus teléfonos y toda conexión con sus obligaciones laborales en tiempo de reposo o de licencia.
No obstante, las modificaciones al proyecto no han tranquilizado a los sindicatos, que aún ven el artículo dos a su más temida amenaza. No sólo perderían poder en sus empresas, sino que los empresarios podrían alegar acuerdos sin tener en cuenta su afectación.
Otro temor es que el Gobierno, de nuevo, utilice la Constitución por decreto para aprobar una nueva lectura del proyecto en la Asamblea Nacional. Los tiempos no dan para un debate mayor, y los líderes de izquierda prevén que dicha decisión será tomada.
