Ha pasado ya una semana desde que los indígenas y el Gobierno llegaron a un acuerdo en Ecuador para terminar el paro de 18 días que dejó seis personas muertas, alrededor de 600 heridos y muchos interrogantes sobre el mandato de Guillermo Lasso.

Este jueves, con la mediación de la Iglesia católica, ambas partes se sentarán a la mesa para, en palabras del líder indígena Leonidas Iza, “canalizar los mecanismos a soluciones reales en los temas pendientes”.

Las protestas, que se extendieron por distintas partes del país, cesaron con el compromiso del gobierno sobre reducir el precio de los combustibles, una de las principales razones de la movilización.

El galón de diésel pasó, entonces, de 1,90 a 1,75 dólares, mientras que la gasolina corriente bajó de 2,55 a 2,40 dólares. La condonación de deudas de los campesinos por hasta U$3.000 fue otro de los puntos alcanzados.

Si en algo han coincidido los analistas es que en esta ocasión la movilización social fue planeada y organizada, a diferencia del estallido social, más espontáneo, registrado en 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno y que, en medio de una dura represión, dejó un saldo de 11 personas muertas.

Por lo mismo, quienes salieron mejor librados en el marco del acuerdo de ahora, agregan los expertos, han sido los indígenas. Para Édison Hurtado, sociólogo y profesor investigador de Flacso Ecuador, el movimiento indígena se “revitalizó” y se “posicionó”.

“Los indígenas se dieron cuenta de que siguen teniendo poder”, comentó Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario. Estos analistas no descartan que este éxito en las calles pueda ser capitalizado por el movimiento indígena, con Iza a la cabeza, en las próximas elecciones locales (2023) y eventualmente de cara a las presidenciales.

Para Hurtado, entre los resultados visibles de las movilizaciones está la resistencia al gobierno de Lasso, quien “no tenía una oposición fuerte, hoy ya la tiene”, dice. “El Gobierno queda como lo que es: frágil, débil y que no entiende las demandas sociales”, agrega.

Vale la pena recordar que, en medio del paro, el presidente se salvó de una destitución en la Asamblea Nacional. “El no derrocamiento fue vendido como un triunfo, pero estuvo a 11 votos de ser destituido”, resalta el analista.

El futuro de lo acordado

En medio del anuncio del acuerdo, hace una semana, el movimiento indígena liderado por la Conaie advirtió que, de no materializarse lo pactado en 90 días, volverían a las calles. Es así como la veeduría y la ejecución sobre lo alcanzado se vuelve fundamental.

Para Jaramillo, no obstante, es claro que Lasso quedó con un margen estrecho, pues entre los compromisos están la condonación de deudas y el aumento del gasto social, al tiempo que se prohíbe la actividad petrolera en la Amazonía, lo que puede enviar un mensaje negativo a los inversionistas extranjeros.

En pocas palabras, a Lasso le queda cuesta arriba maniobrar para cumplir sus compromisos, satisfacer las demandas sociales, al tiempo que se respeta la disciplina fiscal y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional.

Sobre todo, agrega Jaramillo, porque esto está enmarcado en una crisis global que no da luces de recuperación para la inflación, un problema internacional impulsado, entre otros factores, por la guerra en Ucrania (que no parece tener un final a la vista) y los coletazos de la pandemia.

Es decir, por un lado, la reducción de precios aceptada por el gobierno puede aumentar el déficit fiscal y, en consecuencia, “espantar” a los inversionistas, pero, por otro, por más de que el Gobierno lo intente, las razones del elevado costo de vida trascienden las fronteras ecuatorianas. La pregunta por resolver sería hasta dónde podría ceder o aguantar cada una de las partes sentadas en la mesa.