A última hora del domingo 28 de julio, los gobiernos de Luis Arce, de Bolivia, y Xiomara Castro de Zelaya, de Honduras, felicitaron a Nicolás Maduro por su victoria, antes que se diera a conocer el primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Prácticamente, de forma simultánea, hicieron lo propio Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega.
En el caso de los regímenes de la izquierda autoritaria del cubano y el nicaragüense, era lo esperable. En lo que respecta a Arce y Castro de Zelaya, si bien no sorprendió, por lo menos se esperaba que cuidaran las formas y que antes de emitir cualquier saludo de victoria fingieran respetar la formalidad del anuncio de los fraudulentos resultados, que minutos después publicó la autoridad electoral.
Por su parte, México, rehén de la diplomacia de micrófono de las “mañaneras” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), divagó entre la complicidad con las narrativas del régimen venezolano y jugar un papel de negociador junto a Colombia y Brasil, hasta que se decantó por el alineamiento cómplice. Esto eventualmente se puede revertir después de la posesión de Claudia Sheinbaum, el próximo primero de octubre, quien en su discurso de recepción de la constancia como presidenta electa el pasado 15 de agosto, 74 días después de las elecciones del 2 de junio, esgrimió una postura en dirección a respetar la voluntad del pueblo en las urnas.
En Venezuela, Nicolás Maduro fue proclamado oficialmente como presidente electo por el Consejo Nacional Electoral, menos de 12 horas después del primer boletín, con el 80 % de las actas escrutadas, sin ningún dato territorial a nivel estatal o municipal, y sin hacer públicas las actas. Los otros gobiernos de izquierda democrática se han tenido que distanciar del fraude en dos direcciones: la ruta de Brasil y Colombia, en disposición a una negociación, y la posición de principios de Chile.
Colombia, al igual que México, tiene que manejar el afán de protagonismo mediático del presidente Gustavo Petro y su diplomacia de trinos. Pero, a diferencia de otros temas de la agenda internacional del país, el presidente colombiano se ha comportado más mesurado frente al caso venezolano, dando espacio para que el canciller Luis Gilberto Murillo exprese la posición del Estado colombiano, que se ha fijado en la necesidad de publicar todas las actas y promover un escrutinio con acompañamiento independiente.
No obstante, el presidente Petro, siempre proclive a la red social X, sorprendió con las propuestas de levantamiento de sanciones, amnistía general, garantías para la participación política, gobierno de cohabitación transitorio y nuevas “elecciones libres”, reconociendo implícitamente que la narrativa del Gobierno chavista es difícil de aceptar y tratando de contener la percepción negativa que se desprende de no condenar abiertamente el fraude perpetrado por la dictadura venezolana.
Sin embargo, lo que resultó desconcertante de los trinos del mandatario colombiano fue la argumentación que acompañó la propuesta del gobierno de cohabitación, al comparar la situación venezolana con el Frente Nacional colombiano, lo cual es una clara contradicción histórica para el presidente, quien fue parte del Movimiento 19 de abril (M-19).
Del lado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como jefe de Estado, sabe que se juega su prestigio y el del país como potencia regional. La crisis de legitimidad en la que se hunde Venezuela, una vez más de manos del chavismo, lo obliga a tomar distancia de su otrora aliado para buscar una salida negociada que logre contener el agravamiento de la crisis y las consecuencias que tendría para la región.
Para Lula ha resultado muy difícil lidiar con la Venezuela dictatorial de Maduro y sus narrativas. A finales del año pasado le correspondió a Brasil llamar al orden al presidente venezolano cuando montó el referendo consultivo sobre el caso del Esequibo y quiso buscar una situación de confrontación con Guyana. Fue Brasil al que le correspondió decirle a la Venezuela chavista que no era tolerable una situación en la que comprometiera la paz entre los países de la región.
En el caso de Chile, el presidente Gabriel Boric, quien siempre ha marcado una distancia con la dictadura de Nicolás Maduro, fue el primero en cuestionar los resultados del Consejo Nacional Electoral y condenar la estratagema judicial del Tribunal Supremo de Justicia, con la cual el régimen pretendía justificar las inconsistencias del ente electoral venezolano y evadir la publicación de todas las actas de las mesas. Es precisamente el presidente chileno quien sostiene que este no es un asunto entre izquierdas y derechas, sino entre democracias y autoritarismos. Una firme declaración de principios democráticos.
* Vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y coordinador del Radar Colombia Venezuela, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
