La alianza de los partidos independentistas catalanes, rota hace tres meses por discrepancias en política económica, podría renacer para retomar su plan para separarse de España mientras en Madrid prosigue el bloqueo político tras nueve meses sin gobierno.

En enero, las diferentes sensibilidades independentistas alcanzaron un acuerdo para investir como presidente de esta región nororiental a Carles Puigdemont al frente de un gobierno de coalición entre izquierda y derecha que avance hacia la independencia.

Sin embargo, este pacto se rompió en junio cuando la izquierda radical CUP, con 10 diputados, rechazó aprobar los presupuestos de la coalición gubernamental Juntos por el Sí (62 diputados) y la dejó en minoría en un parlamento de 135 escaños.

Ante esta situación, Puigdemont decidió someterse a una moción de confianza a finales de septiembre en la que, tras una reunión celebrada el pasado viernes, parece que recuperará el apoyo de este pequeño partido anticapitalista.

«Los diez diputados de la CUP darán la confianza para que culmine la legislatura con los objetivos que se inició», dijo este lunes su portavoz Anna Gabriel en la televisión pública regional.

Este acercamiento coincide con un momento de bloqueo en Madrid tras la reciente investidura fallida del jefe de gobierno en funciones Mariano Rajoy, que alarga todavía más la incertidumbre política tras dos elecciones y casi nueve meses sin ejecutivo.

Pero el apoyo de la CUP no es definitivo, señaló a la AFP una fuente del partido. La formación quiere seguir negociando con la coalición gubernamental los presupuestos gubernamental y agilizar el proceso independentista, explicó.

Los anticapitalistas reclaman convocar un referéndum de independencia a mitad de 2017 sin permiso de Madrid y, en caso de vencerlo, declarar inmediatamente la secesión.

Hasta ahora, el plan del gobierno era convocar elecciones en esas fechas para formar un nuevo parlamento que se encargaría de redactar la constitución del nuevo país y proclamarse independientes únicamente si los catalanes ratificaban esta constitución en un referéndum.

Desde el gobierno no descartan aceptar la propuesta de la CUP, pero existen dudas sobre cómo llevarlo a cabo -la región no tiene control sobre la junta electoral- y cómo movilizar a los partidarios del «no» para que el resultado gane en legitimidad.