Un juez marroquí rechazó hoy conceder la libertad provisional a la periodista Hajar Raissouni y su novio, acusados de un delito de aborto y de relaciones sexuales extraconyugales, además de tres trabajadores de la clínica de Rabat donde supuestamente se practicó la interrupción del embarazo, dijeron a Efe fuentes de la defensa.
Entre los abogados que representan a la joven había algunos de los más famosos letrados de Marruecos en la defensa de los derechos humanos y, en el público, había además representantes de asociaciones feministas y de defensa de las libertades.
Mientras que Hajar, una periodista de 28 años, se enfrenta a una pena de hasta dos años de cárcel y el médico que presumiblemente realizó el aborto se arriesga a pasar diez años en prisión según la ley marroquí, que solo admite la interrupción del embarazo en caso de que peligre la vida de la madre.
La periodista, sin haberse destacado particularmente por algún tipo de militancia, es sobrina de dos personalidades críticas con el sistema desde posturas antagónicas (el uno, teólogo islamista; el otro, un periodista laico) y trabaja en uno de los pocos diarios con una línea crítica con el sistema.
Amnistía Internacional publicó el viernes un comunicado en el que expresó su «preocupación de que haya sido elegida por las autoridades en relación con su trabajo periodístico» y menciona algunas de sus coberturas sobre el movimiento en el Rif.
En sentido parecido, aunque sin ser tan tajante, Human Rights Watch lamentó «el aparente recurso a la aplicación de leyes injustas para castigar el periodismo crítico y el activismo», en una nota sobre el «caso Hajar».
La Fiscalía marroquí quiso salir al paso de estas acusaciones y, en un comunicado, la pasada semana indicó que se trata simplemente de un caso de aborto y no tiene nada que ver «con su pertenencia a una empresa periodística precisa».
Pero en aquel texto de la Fiscalía hubo una cruda exposición de los detalles del supuesto aborto, lo que suscitó numerosas críticas dentro del país por lo que supuso de violación de la intimidad de la mujer.
Está además el hecho de que Hajar y su novio están acusados de mantener relaciones extramaritales, un delito que existe en el Código Penal, pero que solo se aplica de manera aleatoria.
Por ello, a las puertas del tribunal se congregaron decenas de activistas que profirieron eslóganes de varias causas: por la libertad de prensa, por los derechos de la mujer, contra la discriminación sexual y contra la policía, a la que se acusa de vigilar y espiar a Hajar durante días antes de caer sobre ella durante su visita a una clínica.
Los defensores de Hajar han adelantado que piensan alegar «tortura» por parte de la policía hacia su cliente por haberle obligado a realizar un examen médico sin su consentimiento para probar supuestamente que hubo aborto, cosa que ella niega.
El abogado designado por Hajar, Saad Sahli, ha basado su línea de defensa en negar que hubiera aborto y en justificar la relación que Hajar tenía con su novio invocando que ambos estaban casados por un llamado «matrimonio tradicional» mediante la lectura del Corán con presencia de testigos.
Sin embargo, el resto de abogados optará por líneas de defensa que tienen más que ver con el derecho a la intimidad de Hajar y de la mujer marroquí en general y en la denuncia de la persistencia de unas leyes cada vez más contestadas dentro de la sociedad marroquí.
Incluso un organismo oficial, como es el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió hoy en un comunicado «la armonización del marco legislativo de nuestro país con las disposiciones de la Constitución y su adaptación a las prácticas de la sociedad», que todos leyeron como una petición de acabar con la criminalización del aborto.
El CNDH también solicitó «la pronta puesta en libertad de Hajar Raissouni y su compañero», algo que finalmente el juez no concedió y que demostró que varios Marruecos se oponen en este juicio simbólico.
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