«No echar leña al fuego». Esa fue la consigna de Michel cuando, un día después de la destitución de Carles Puigdemont y de su gobierno regional, uno de los ministros de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) planteó la posibilidad de darle asilo al líder separatista en Bélgica.
Diez días después, mientras algunos exconsejeros catalanes están encarcelados en España y otros huyeron a Bélgica para evitar la prisión, Michel tiene problemas para imponer su autoridad, opinan varios analistas consultados por la AFP.
«Hay un contraste sorprendente entre las declaraciones intempestivas de la N-VA y el silencio del primer ministro», dice el investigador belga Paul Dermine, experto en derecho público.
El domingo, el ministro del Interior, Jan Jambon, miembro del partido nacionalista, expresó sus dudas «sobre el hecho de que un Estado de la Unión Europea pueda ir tan lejos» como para encarcelar a «los miembros de un gobierno elegido democráticamente» y lamentó «el silencio ensordecedor» de los principales dirigentes de la UE.
El líder de la N-VA, Bart De Wever, y el ex primer ministro socialista, Elio Di Rupo, aludieron por su parte al pasado «franquista» de España.
‘Una piedra en el zapato’
El jefe de la diplomacia belga Didier Reynders, un liberal francófono como el primer ministro, tuvo que recordar que la cuestión catalana «afecta ante todo a España», y lamentó que los políticos belgas se implicaran en él.
Este tema es «una piedra en el zapato» de Michel, que se convirtió en octubre en la persona que «aisló a Bélgica en el ámbito europeo», asegura Pascal Delwit, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Bruselas (ULB).
El 1 de octubre, día del referéndum prohibido en Cataluña marcado por duras cargas policiales, el primer ministro belga fue uno de los pocos dirigentes europeos que condenó la violencia, en un intento de no enemistarse con sus socios flamencos.
Ahora los nacionalistas de la N-VA alzan la voz sobre la crisis catalana. Y el «incordio» que esto supone para Michel, así como el conflicto entre Bruselas y Madrid, podría durar varios meses, hasta que la justicia belga se pronuncie sobre la orden europea de busca y captura emitida por una juez española contra Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.
«Si la justicia toma una decisión contraria a la petición española, habrá una crisis», vaticina Emilie Van Haute, otra politóloga de la ULB.
‘Hacerse el harakiri’
Pese a las tensiones internas, la coalición que gobierna Bélgica desde 2014 no parece estar en peligro, según los analistas, porque nadie tendría interés en acabar con ella a menos de dos años de las elecciones legislativas.
El electorado flamenco no entendería que la N-VA saliera del gobierno. Sería como «hacerse el harakiri», según Bruno Yammine, experto sobre el movimiento flamenco.
«El núcleo duro nacionalista en Flandes reúne entre el 10 y el 15% de la población, y no se va a convertir en el 40% ahora a causa de Cataluña», añade el historiador.
La N-VA aboga por la creación de una República independiente de Flandes, en el norte flamenco de Bélgica, pero el partido dejó a un lado su principal reivindicación desde que integró la coalición gobernante.
Muchos lo consideran ahora como una formación conservador clásica, que aborda temas populares como la seguridad y la lucha contra la inmigración ilegal.
Para Paul Dermine, «los flamencos no expresan una necesidad de independentismo» y «lo que pasa en Cataluña no tiene ninguna opción de ocurrir en Bélgica».
El partido nacionalista quiere «una Flandes fuerte que domine el Estado belga y eso es exactamente lo que ocurre por el momento», afirma el investigador.
