La Iglesia en Nicaragua ha sido crítica del régimen autoritario de Ortega. Por ejemplo, durante las protestas del 2018, los sacerdotes usaron los templos para proteger a los manifestantes frente a la represión del Gobierno, que dejó más de 350 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así, los sacerdotes han promovido la denuncia de la constante violación a los derechos humanos en el país centroamericano.
Ahora, con el nuevo texto en el legislativo, los diputados quieren incluir en las penas a los religiosos que consideran que participaron promoviendo las manifestaciones o que con sus sermones “infunden odio” entre la población. Considerando a los miembros del Gobierno como “las víctimas” de los sucesos del 2018, más no a los familiares de los asesinados, en el documento se lee que “ellas pidieron que las penas sean más severas y piden justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista”.
El ejemplo más reciente de la persecución del Gobierno de Ortega a la Iglesia es la condena a ocho años de prisión de Édgar Parrales, exsacerdote de 79 años y exembajador nicaragüense ante la OEA. La sentencia, por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y ciberdelito, la cumplirá en arresto domiciliario, tras el deterioro en su salud que sufrió al estar tres meses en la cárcel.
Parrales fue cercano a Ortega durante un tiempo, pero se distanció del sandinismo en los años 90, hasta convertirse en un fuerte crítico del régimen tras las protestas de 2018. El exdiplomático es uno de los 46 opositores, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia, que fueron detenidos el año pasado antes de las elecciones de noviembre, en las que Ortega logró un cuarto mandato consecutivo.
