El ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció este miércoles que su departamento comenzará la semana próxima a tramitar las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición, por su participación en el proceso de independencia de Cataluña de 2017.

Así lo manifestó en la sesión de control al Gobierno del Congreso a una pregunta de la portavoz de la formación independentista JxCat en la Cámara Baja, Laura Borrás, sobre la deriva en la que está instalada la justicia española. El debate se calentaba cada vez más hasta que, en medio de las preguntas, llegó la noticia que muchos esperaban.

Campo afirmó: “Al Gobierno le competen unas cosas. En lo que a usted le preocupa, le diré que acatamos las resoluciones de los tribunales. Todas. En segundo lugar, estamos plenamente dispuestos al diálogo. Afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige la sociedad. En cuanto a este ministerio, impulsa normativamente aquello que son los designios del Gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, y está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene”.

En estos momentos hay nueve líderes independentistas catalanes presos, condenados por el Tribunal Supremo por un delito de sedición, por impulsar un proceso soberanista ilegal en el otoño de 2017.

El titular de Justicia explicó además que el Ejecutivo mantiene su idea de reformar en el Código Penal, entre otros delitos, los de rebelión y sedición para adaptarlos a la nueva realidad social y a la normativa de otros países.

Esta medida es criticada por el conservador Partido Popular (PP), por considerar que es una imposición del nacionalismo para negociar los presupuestos generales del Estado con los partidos que están en el Gobierno y que no tienen mayoría suficiente en el Congreso para aprobar las cuentas públicas.

Tras la sesión parlamentaria, Borrás insistió ante la prensa que el indulto “es una posible solución individual” y ella le estaba hablando al ministro de “un problema político”.

Los nueve presos son seis ex integrantes del Gobierno regional en 2017, la entonces presidenta del Parlamento catalán y los responsables de dos organizaciones sociales independentistas. Fueron condenados en octubre de 2019 a penas de entre 9 y 13 años por el proceso secesionista que se produjo dos años antes.

Otros políticos independentistas salieron de España para eludir la acción de la Justicia, entre ellos, el que entonces era el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, que está en Bélgica.