Siempre se dijo que el verdadero poder en Perú, durante la presidencia de Ollanta Humala, era su esposa, Nadine Heredia. Ella tenía mucho peso en el Gobierno: ponía y quitaba funcionarios y, además, tenía gran influencia en todas las decisiones del mandatario, tanto, que en varias ocasiones fue citada ante el Congreso. Sus acciones siempre generaban polémica.
El programa, Cuarto Poder, por ejemplo, le dedicó varias investigaciones. Una de ellas, confirmaba, que era una compradora compulsiva: Entre febrero de 2013 y agosto de 2014 se gastó US$8.000 en objetos de lujo como carteras, chocolates, vestidos y cosas de decoración. En cada viaje presidencial, la primera dama aprovechaba para irse e compras. Parece que tiene una especial debilidad por la moda y los objetos de marca. Según Cuarto Poder, en Brasil se gastó US$1.800 en joyas H. Stern; en Cartagena (Colombia) se gastó casi US$600 en trajes de baño; en Roma invirtió US$2.300 en carteras Louis Vuitton; Nueva York, US$3.000 en un vestido de Óscar de la Renta… Ah y por los chocolates Godiva en los que gastó en un viaje US$300.
También generó polémica cuando su nombre sonó para ser candidata presidencial en 2016. Algo que ella descartó, a pesar del apoyo de grandes nombres como el Nobel peruano, Mario Vargas Llosa. Sus aliados políticos dicen que la sorpresa será en 2021.
El último escándalo que protagoniza llega por cuenta de un nombramiento que le hicieron en la ONU. Nadie Heredia fue nombrada en un cargo administrativo en Ginebra en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Ese no es el problema. Lo que critica la oposición peruana es que el cargo llega justo cuando la exprimera dama está siendo investigada por supuesto lavado de activos. ¿Cuál es el lío? Que este nuevo cargo le otorga inmunidad diplomática, por lo que no podría ser juzgada.
La oficina legal de la ONU en Ginebra confirmó que Heredia gozará de inmunidad y privilegios diplomáticos como funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). «Los privilegios y las inmunidades [se] extienden al personal de todas las agencias de la ONU, y los miembros del personal de agencias especializadas en el ejercicio de sus funciones», dijo en un comunicado la portavoz de la ONU Alessandra Vellucci.
La FAO también explicó que su elección se debió a «méritos propios» y no hubo regularidad o algún privilegio. «Es normal que una parte interesada pregunte a los funcionarios de la FAO (en este caso, al Director General) sobre la disponibilidad de puestos de trabajo y los procedimientos de selección en la Organización», según una declaración que adelantó a Efe Enrique Yeves, portavoz de la agencia con sede en Roma.
«El Director General le informó que para optar a un puesto tendría que presentar una solicitud mediante el procedimiento ordinario de concurso abierto a todos y disponible en la web», según Yeves.
«El intercambio de correos demostró de hecho que se habían observado todos los procedimientos pertinentes. Los mensajes, por parte de la más alta autoridad de la FAO, confirman que no hubo trato de favor», insistió el portavoz.
El presidente peruano, Ollanta Humala, sin embargo, admitió tiempo después que sí recibió aportes de Venezuela en 2005 para su campaña electoral, “pero legales” y denunció una persecución contra su esposa. “Se está haciendo una persecución, es una cosa tirada de los cabellos y exagerada. Se trata de una colaboración de empresarios venezolanos y de otros países, seguramente, pero no tiene nada de ilegal”, dijo Humala.
El abogado de la primera dama, Roy Gates, explicó que el envío de dinero a cuentas personales de allegados de Heredia se hizo porque en ese momento el partido no existía y no tenía cuentas propias. Aclaró que, en la medida en que no era un partido político creado formalmente, no tenía la obligación de declarar sus ingresos ante los organismos electorales.
Heredia tenía prohibido abandonar Perú mientras es investigada, pero un juez levantó el veto recientemente. Por su parte, Humala, cuyo mandato finalizó en julio, tiene prohibido salir del país. La fiscalía cree que los fondos blanqueados procedían del gobierno de Venezuela, entonces dirigido por Hugo Chávez, y de dos grandes empresas de construcción brasileñas. Si son declarados culpables, ambos podrían enfrentar de ocho a diez años de prisión.
