Después de varios años de calma y estabilidad, la tensión por la instalación de un proyecto de explotación minera volvió a la región de Arequipa, en el sur del Perú.

Autoridades y pobladores están consternados ante la aprobación de un proyecto minero que se creía olvidado. Esta semana, la empresa Southern Perú, del Grupo México, anunció que recibió el permiso para construir la mina de cobre Tía María, cuyas reservas proyectadas están entre las más grandes de Suramérica.

Tras el anuncio, las autoridades regionales y locales de Arequipa reiteraron su oposición al mismo, que fue paralizado en 2015 tras una violenta protesta que dejó cuatro muertos, incluido un policía, y unos 300 heridos. 

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, aseguró que «no ha sido comunicado oficialmente» de la decisión del Ejecutivo, pero agregó que se tomó sin haberse «establecido el mecanismo de diálogo necesario y fundamental con la población del Valle del Tambo».

Cáceres emplazó al presidente Martín Vizcarra para que viaje «en las próximas horas a la zona para conocer la postura de la población y mantener un diálogo que evite un conflicto social», aunque reiteró que «no existen condiciones para emprender el proyecto Tía María por las razones antes descritas».

Los alcaldes de los distritos de la provincia de Islay, donde se encuentra el valle del Tambo, también se reunieron y emitieron un pronunciamiento en el que responsabilizaron al Gobierno de lo que pueda suceder durante las manifestaciones contra la obra, que incluyen la convocatoria a una paralización desde el próximo lunes.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió, por su parte, un comunicado en el que solicitó al Ejecutivo «que imponga el diálogo» para solucionar el conflicto, ya que consideró que «dar cumplimiento a la licencia social es un imperativo».

Manifestó, además, su oposición a «la imposición de la fuerza» para hacer cumplir la decisión gubernamental y exhortó a Southern «a participar del diálogo con transparencia», y a la población arequipeña a «anteponer el interés general en la solución de los conflictos sociales».

Southern informó este martes que recibió la licencia para la obra, que implicará una inversión de 1.400 millones de dólares, tras haber cumplido «los requisitos que las normas establecen y levantado todas las observaciones formuladas».

La empresa reiteró, sin embargo, que no comenzará la obra «sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo para absolver las inquietudes y dar las garantías que la población necesita a fin de lograr un contexto social más favorable».

Southern también garantizó que el proyecto usará agua de mar desalinizada para sus operaciones y se construirá un ferrocarril industrial y una vía de acceso «a distancia prudente del valle de Tambo» para el transporte de sus suministros y producción.

En ese escenario, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, confirmó en la emisora RPP Noticias que el proyecto no se ejecutará hasta que se establezca el diálogo entre la comunidad, la empresa y el Gobierno.

Ísmodes dijo que la licencia se entregó «cumpliendo los requisitos legales y la normativa vigente» y enfatizó que el Gobierno «impulsa la actividad y las inversiones mineras, pero con responsabilidad en el cuidado del ambiente».

En el lado opuesto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) consideró que la decisión de otorgar la licencia de construcción de Tía María es una «importante señal» para reactivar la inversión privada en el país.

Según la SNMPE este proyecto generará más de 9.000 nuevos empleos formales durante su construcción y hará contribuciones de más de 5.000 millones de soles (1.500 millones de dólares) por canon y regalías durante sus 20 años de operación.

Southern señala que la producción estimada de Tía María es de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.