Tres hombres investigados por el caso de presunta violación grupal, ocurrido el pasado 23 de enero en Uruguay, están detenidos, según confirmó a la prensa su abogado defensor, Martín Frustaci. Después de la declaración de ellos y de la de un cuarto involucrado, que es menor de edad, cuya investigación está bajo la Fiscalía de Adolescentes, el abogado comentó que sus defendidos quedaron detenidos “por seguridad” hasta que la fiscal del caso, Sylvia Lovesio, decida si los imputa, para lo que tiene un plazo de 48 horas.
“Se tomó declaración, se aportó evidencia por parte de la defensa y estamos a la resultancia del proceso. Vamos a esperar que la doctora Lovesio nos llame para ver si formaliza, si no formaliza y por qué tipificación penal es que se hace una presunta formalización”, comentó el abogado. En el marco de la declaración, Frustaci aportó a la documentación del caso unos videos grabados por sus defendidos durante lo que, según ellos, fueron unas relaciones sexuales consentidas con la mujer. “Yo manifiesto y ratifico el caso de la defensa, que es lo que me contaron los indagados, las personas que yo patrocino. Ahora es el canal de la Justicia el que debe dictaminar a quién le cree y a quién no”.
Una mujer de 30 años denunció haber sido víctima de una violación grupal en Montevideo en la noche del 23 de enero, después de haber conocido a un hombre en un bar e ir a su apartamento para mantener relaciones sexuales con él. Según la víctima, dos hombres más entraron en el lugar y entre los tres la violaron, versión ratificada por la pericia forense, después de ser atendida por las emergencias y denunciar el ataque.
El caso ha despertado una gran expectativa en Uruguay en medio de reclamos provenientes de los colectivos feministas, que han argumentado falta de recursos para la atención de los delitos sexuales y organizaron una marcha “en contra de la cultura de la violación”. Según indicó la propia fiscal del caso, los delitos sexuales en Uruguay “no son una prioridad en materia de políticas públicas” y ello se refleja en la poca cantidad de fiscalías especializadas que tiene Montevideo, los pocos recursos humanos y las demoras en la toma de “evidencias contundentes”.
Para agregar más polémica, una emisora de radio emitió esta semana el audio de los videos presentados por la defensa de los investigados y dejó instalada en el debate público la teoría de que fue una relación consensuada. En este sentido, el Fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó la investigación de la filtración por posible vulneración del artículo 92 de la Ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, que prohíbe divulgar contenido íntimo de índole sexual sin consentimiento de las personas involucradas.
