La policía de Sudáfrica arrestó a más de 120 zama-zamas, como se les conoce a los mineros ilegales que llegan de otros países, por la violación masiva de ocho mujeres en Krugersdorp, una ciudad al noroeste de Johannesburgo. Según la investigación, el ataque se dio tras la filmación de un video musical que tenía lugar en una mina. Las mujeres fueron violadas mientras se preparaba el set de grabación.
Se espera que los hombres arrestados comparezcan ante un tribunal el miércoles. A pesar de las circunstancias, ninguno enfrenta cargos de agresión sexual o violación, sino otros cargos que incluyen posesión de armas de fuego y minería ilegal. Dentro de los detenidos también hay menores de edad.
El ministro de policía de Sudáfrica, Bheku Cele, calificó el hecho como una “vergüenza para la nación”. El incidente revivió el debate sobre introducir una ley que permita la castración química para los violadores. El presidente del país, Cyril Ramaphosa, le pidió a su pueblo que ayudara a encontrar a todos los delincuentes que participaron del ataque.
“Estos horribles actos de brutalidad son una afrenta al derecho de las mujeres y las niñas a vivir y trabajar en libertad y seguridad. Hacemos un llamado a las comunidades para que trabajen con la policía para garantizar que estos delincuentes sean detenidos y procesados”, dijo Ramaphosa.
La sociedad se ha animado a culpar a los migrantes irregulares que provienen de Mozambique y Zimbabue para trabajar en las minas de oro de manera ilegal. Sin embargo, el problema se extiende a todos los grupos del país. Sudáfrica enfrenta una crisis crónica sobre violencia de género. Según The Guardian, en el primer trimestre del año se denunciaron por lo menos 10.818 casos de violación, un aumento del 13,7 % respecto al mismo período de 2020. La cifra real puede ser mucho mayor, pues hay decenas de casos que no se le reportan a la policía. Las mujeres exigen que haya más condenas que envíen un mensaje a los perpetradores, pero también para que se aliente la denuncia.
“Solo el 8,6 % de los casos de violación en Sudáfrica resultan en una condena. El sistema de justicia es muy ineficiente y, a menudo, no se llevan a cabo investigaciones adecuadas y se retrasa el arresto o no se arresta a los perpetradores de violencia de género. A menudo lleva tiempo que los casos lleguen a juicio, lo que hace que los sobrevivientes retrocedan en su proceso de curación y sigan adelante con sus vidas”, dijo Thandiew McCloy, de la ONG People Oppsing Women ABause (Powa), a The Guardian.
