Nicaragua llamó este lunes a consultas a varios de sus embajadores en la región tras recibir fuertes criticas por la detención de decenas de activistas, precandidatos a la presidencia, y miembros de la oposición por parte del gobierno de Daniel Ortega.
“El gobierno ha llamado a consultas a embajadores ante Argentina, Orlando Gómez; Colombia, Yara Pérez; México, Juan Carlos Gutiérrez y Costa Rica, Duilio Hernández, en reciprocidad a llamados similares de los gobiernos mencionados”, expone una misiva leída por la vicepresidenta de Nicaragua y primera dama, Rosario Murillo.
Argentina y México retiraron a mediados de junio a sus embajadores de Managua. Costa Rica, congeló el nombramiento de su representante, y Colombia hizo lo propio el mes pasado en medio de una ola de arrestos a opositores al gobierno de Daniel Ortega, entre ellos siete aspirantes a la presidencia para las elecciones del 7 de noviembre: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. En total, al menos 31 líderes opositores han sido detenidos desde junio, en su mayoría por “traición” a la patria.
El 28 de julio, el Gobierno de Iván Duque instó a Nicaragua a liberar los presos políticos y cesar la persecución sistemática. “El Gobierno de Colombia insta al gobierno de Nicaragua a la inmediata liberación de los presos políticos y a cesar esta persecución sistemática, así como a permitir el libre ejercicio de las libertades políticas y una elección democrática transparente y libre para que el pueblo nicaragüense escoja su destino”, dice el documento emitido por la Cancillería.
En una última decisión de una escalada represiva contra la oposición en el país centroamericano, el tribunal electoral de Nicaragua inhabilitó el viernes 6 de agosto al partido derechista Ciudadanos por la Libertad, que lidera una alianza opositora contra la reelección del presidente Daniel Ortega, un exguerrillero de 75 años que gobierna desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas. A la cabeza del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) aspira a asentarse en el poder por cinco años más junto con Murillo, de 70 años, quien lo acompaña en la vicepresidencia desde 2017.
La Unión Europea (UE) sancionó con restricciones migratorias y financieras a Murillo, a su hijo Juan Carlos y a otros seis funcionarios del gobierno por su responsabilidad en las “graves violaciones de los derechos humanos” en Nicaragua. La medida se suma a otras tomadas por Estados Unidos y Canadá contra funcionarios del gobierno de Ortega, en protesta por la represión que mantiene contra sus opositores desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
Murillo criticó “los constantes e inmerecidos señalamientos, irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos, de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países en temas que conciernen al pueblo y gobierno de Nicaragua”.
