Nicmer Evans, politólogo y director del portal Punto de Corte, fue detenido el lunes en su residencia en Caracas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) por supuesta “instigación al odio”. Evans, un reconocido disidente del chavismo, publicaba constantemente denuncias de violaciones y atropellos a los derechos humanos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, una tarea que le valió la persecución de este gobierno.

Según contó Evans, las fuerzas del Cicpc y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) llegaron a su residencia con una orden de detención y hostigaron a su familia durante varias horas. Evans relató que se entregó a los funcionarios de Maduro luego de que estos lo amenazaran con arrestar a sus familiares. Su hermano y también abogado, Álvaro Herrera, responsabilizó a Maduro de todo “lo que pueda pasar con él” y también fue retenido por los agentes en calidad de “testigo” de la detención.

“Quiero dejar claro que el derecho consagrado de la libertad de expresión, la crítica a la acción política, la defensa y la resistencia ante la tiranía no puede ser considerada instigación al odio… Advierto que lamentablemente Venezuela vive en una neodictadura donde los delitos se imputan sin ningún tipo de razón o justicia. Le digo a las personas que han trabajado conmigo hasta ahora que sigan trabajando por la libertad de expresión, la democracia y la libertad”, declaró Evans.

Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta naciones y a quien Evans le reiteró su apoyo, se solidarizó con el caso y expresó la necesidad de un cambio en el país. Otras figuras de la oposición como las diputadas Delsa Solórzano y Adriana Pichardo y el exalcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, también se pronunciaron sobre el caso.

“En las redes sociales de la dictadura divulgan esta foto del politólogo Nicmer Evans esposado cuando lo trasladan a sus mazmorras. Lo acusan de instigación al odio. Los que han alimentado e instigado al odio en Venezuela es el narco-régimen que implantó Chávez y Maduro”, manifestó Ramos.

Además de denunciar las violaciones del gobierno a los derechos humanos, Evans se ha mostrado arrepentido por creer en Hugo Chávez en el pasado. En 2019, el politólogo manifestó en una columna de opinión en The New York Times que Chávez era la génesis de la actual crisis en el país, y que, aunque él mismo había confiado en sus promesas, dos décadas después se dio cuenta de lo “equivocado que estaba”.

“Hoy, con Venezuela en ruinas, admito que fue un error pensar que con Chávez había llegado una izquierda democrática, con arrastre popular y sin taras a Venezuela. No llegó. En cambio, se instauraron los cimientos de un régimen autoritario, diseñado para beneficiar a unos cuantos y económicamente fallido. Esta dolorosa equivocación de tantos de nosotros es inobjetable; es palpable en el hambre de la gente, la represión contra los civiles que protestan, los registros de tortura a militares disidentes, las ejecuciones extrajudiciales, la malnutrición infantil y la prohibición de cualquier tipo de crítica u oposición”, escribió Evans.

Evans tomó distancia del chavismo apenas Maduro subió al poder. Junto a otros disidentes fundó la corriente Marea Socialista en 2007, la cual funcionó como una corriente interna del Partido Socialista Unido de Venezuela hasta la muerte de Chávez, momento en el que consideró que la gestión de Maduro comenzó a ir en contravía del expresidente venezolano. Años más tarde, en 2017, se desmarcó de esta corriente y creó el Movimiento por la Democracia y la Inclusión, un partido que pretendía agrupar a partidarios de distintas tendencias ideológicas.

Evans se una a la extensa lista de detenidos por alzar voz contra Maduro. Según el Centro para los Defensores y la Justicia, tan solo en el primer semestre de 2020, por lo menos 109 personas u organizaciones fueron atacados o perseguidos por el gobierno. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha advertido continuamente que este patrón de detenciones y violaciones arbitrarias debilita las garantías para un proceso electoral democrático en el país.