Colectivos de izquierda se movilizaron en Lima este jueves para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas. En el marco de las protestas que han dejado al menos 42 muertos en todo el país, en poco más de un mes, hay focos importantes en zonas andinas como Cusco y otras de las regiones del sur.
Bajo la consigna “Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista”, miles de manifestantes marcharon pacíficamente por el centro histórico de Lima, en medio de una convocatoria de un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda.
“Estamos marchando por los asesinatos, por la masacre en (la región de) Puno de nuestros hermanos campesinos. Pedimos la renuncia de Dina Boluarte porque es un gobierno usurpador”, dijo a la AFP Rosario Abanto, de 59 años.
Las protestas ingresaron así a su segunda semana, tras una tregua anunciada a fin de año, promovidas por sectores radicales y gremios campesinos en las zonas andinas reclamando justicia por los asesinatos y sanción a los responsables del uso desproporcionado de la fuerza.
El jueves pasado, Perú amaneció con bloqueos en 10 de las 25 regiones del país, afectando a Tacna, Puno, Cusco, Arequipa y Madre de Dios, entre otras, detalló la Superintendencia de Transporte Terrestre.
Puno, al sur del país, empezó los entierros de los 17 fallecidos tras los enfrentamientos el pasado lunes. “Recuerdo a mi tío como una persona muy alegre. Es una lástima como lo hemos perdido. No ha muerto por una muerte natural, tampoco por una enfermedad, ¡a él lo mataron!”, dijo a la AFP Sonia Quispe.
En Juliaca, se registró una nueva muerte: un joven de 16 años hospitalizado desde el lunes por herida de bala. Su deceso elevó a 19 los fallecidos en las protestas en esa ciudad.
Bajo ese contexto, el ministro de Trabajo, Eduardo García, renunció y pidió adelantar las elecciones para este año en lugar de 2024. Además de la renuncia de Boluarte y anticipar los comicios, las protestas exigen el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, que establece la economía de mercado como eje del desarrollo socioeconómico.
Asonada contra Lima
La movilización en la capital es parte de una “asonada que quieren hacer contra Lima en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14″, dijo el lunes el jefe de gabinete, Alberto Otárola.
Según el alto funcionario, las protestas “se están financiando con dinero oscuro del narcotráfico”, proveniente supuestamente de los valles cocaleros andinos.
Otárola, que obtuvo el martes un voto de confianza para su investidura en el Congreso dominado por la derecha, graficó entonces una virtual situación de guerra señalando que las fuerzas del orden defenderán Lima.
El funcionario responsabiliza al detenido expresidente Pedro Castillo de ser “quien azuza a la gente y coordina estas movilizaciones para buscar impunidad”.
Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
