Perú no sale de la crisis política. El pasado 18 de septiembre, luego de un polémico proceso por la supuesta corrupción del presidente Martín Vizcarra para favorecer a un desconocido cantante, el mandatario se salvó de ser destituido. Hoy, el mandatario peruano vuelve al legislativo para enfrentar otro juicio político, esta vez por unos mensajes de WhatsApp que revelarían una supuesta corrupción. El país está en vilo y cansado de una crisis política que parece eterna.
Vizcarra corre nuevamente el riesgo de tener un destino similar al de su predecesor, Pedro Pablo Kuczysnki, quien no pudo completar su mandato al verse forzado a dimitir por presiones del parlamento.
El presidente está acusado de haber recibido coimas por contratos de obras públicas en 2014, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. La vez anterior, fue señalado de instar a mentir a dos funcionarias del palacio de gobierno sobre un cuestionado contrato a un cantante.
En caso de ser cesado, tomará las riendas del país el jefe del Congreso, Manuel Merino, un político de bajo perfil casi desconocido para los peruanos.
“Soy atacado de manera sistemática (…), no he cometido acto de corrupción”, declaró Vizcarra el domingo en un comunicado, afirmando que sus acusadores “están generando inestabilidad política”.
Se necesitan 87 votos, de 130, para declarar la “vacancia presidencial”, pero es difícil pronosticar un veredicto en el atomizado Congreso peruano. Ni siquiera el partido de Merino tiene un criterio único.
Mientras el legislador Orlando Arapa apoya destituir a Vizcarra “por haber mentido y por estar implicado en tantos actos de corrupción”, su colega Hans Troyes cree que eso “generará una pésima imagen del país ante los ojos del mundo”.
Si es removido, Merino se convertiría en el tercer presidente de Perú desde 2016, un reflejo de la fragilidad institucional que ha caracterizado al antiguo virreinato español desde su independencia en 1821.
Los mensajes de WhatsApp
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, tuvo una relación fluida y coordinó reuniones privadas con quienes supuestamente le acusan de haber recibido coimas millonarias cuando era gobernador de la región de Moquegua (2011-2014), según se desprende de una serie de mensajes publicados este domingo.
Varios medios peruanos tuvieron acceso y difundieron el contenido del teléfono del exministro de Agricultura José Hernández (2016-2018), próximo a Vizcarra y quien se sospecha es uno de los aspirantes a colaborador eficaz (delator premiado) que acusó al mandatario ante la Fiscalía.
Estas conversaciones se han difundido apenas horas antes de que el Congreso inicie un proceso de destitución (vacancia) contra Vizcarra, acusado de “incapacidad moral” a raíz de estas denuncias.
Si bien esa “petición de vacancia” no parece que cuente con los votos suficientes en la cámara para tener éxito (87 sobre 130), varios grupos anunciaron que la aparición de nuevas revelaciones podría hacer cambiar la disposición de sus diputados.
En un comunicado emitido al poco de conocerse los diálogos, Vizcarra denunció su publicación como un intento para “dañar la confianza que el pueblo peruano” tiene en él y señaló que se trata de textos editados y tendenciosos que rechaza “tajantemente”.
“A través de la difusión de reportajes sesgados, con información difundida de manera incompleta y descontextualizada, se pretende, en una forzada interpretación de las normas, que configuren causales para activar mecanismos legales, a menos de 24 horas de que el Congreso deba tomar decisiones respecto a otra moción de vacancia interpuesta contra mi persona. La información difundida no prueba nada, ni demuestra absolutamente nada ilegal”, dijo el mandatario.
De la lectura de esos mensajes, que el diario El Comercio publicó íntegramente, no se revela de hecho la comisión expresa de ningún delito, pero sí permite ver que, pese a que Vizcarra ha dicho que su relación con Hernández era apenas profesional, ambos mantienen mucha proximidad y hablaban con cierta asiduidad de las obras públicas por las que el presidente habría recibido sobornos.
Vizcarra es acusado por estos delatores, cuya declaración aún no ha sido corroborada ni aceptada como válida por el Ministerio Público, de haber pedido y recibido en varias ocasiones dinero por haber facilitado la concesión de una obra de irrigación y un hospital en su provincia.
