Sociedades ‘fantasma’, montajes financieros en los paraísos fiscales, acciones al portador, empresas que se radican en terceros países y otorgan: protección de activos, confidencialidad y privacidad, y ventajas fiscales. La controversia por los ‘Papeles de Panamá’ ilustra las diferentes estrategias para evitar pagar impuestos.

Pero, ¿qué es una sociedad offshore? Es una empresa cuya característica principal es que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica. Los países en los que están radicadas suelen ser paraísos fiscales, para beneficiarse de las ventajas fiscales que éstos ofrecen. Las personas extranjeras que controlan la sociedad utilizan el paraíso fiscal como domicilio legal. A grandes rasgos, tres son las grandes ventajas que aporta: protección de activos, confidencialidad y privacidad, y ventajas fiscales.

El portal Offshorebankshop.com así lo explica: “La característica principal de una sociedad offshore es que no puede realizar negocios en el territorio donde esté constituida la empresa ya que pasaría a ser una sociedad onshore, es decir, el paraíso fiscal le haría tributar como cualquier sociedad registrada en el país y los tipos impositivos serían muy similares a los de una empresa constituida en un país de altos impuestos”.

Los tributos que pueden evitarse con una sociedad offshore se encuentran el impuesto de sucesiones, el del patrimonio, los impuestos al consumo o el de la renta. La cuota de registro se cifra entre 200 y 600 dólares al año. El valor de constitución no suele exceder de los 1.000 dólares.

Para actuar de forma legal, una empresa offshore debe cumplir ciertas condiciones: en primer lugar, los directores de la sociedad no deben tener su domicilio en el país de la sede social. La empresa no podrá ejercer actividades comerciales en este país y no utilizar la mano de obra local. Por el contrario, sí permite tener un representante de la compañía en el sitio. La sociedad no podrá utilizar la economía de los países de acogida, en particular, en materia de inversión, subsidios y transferencias bancarias.

¿Son ilegales?

Recurrir a sociedades «offshore» no es en sí ilegal. En Francia, por ejemplo, están autorizadas si son declaradas al fisco.

Pero, según Lebègue, «detrás de estas estructuras opacas, hay dinero muy negro, procedente de actividades criminales (droga, terrorismo, delincuencia), del dinero negro (obtenido mediante corrupción) y del dinero gris (obtenido de la optimización fiscal).»

Tampoco las acciones al portador son ilegales, según los expertos. «En cambio, son contrarias a las normas internacionales. No por la acción al portador en sí, sino por no saberse quien está detrás de ella», afirma Pascal-Saint Amans, que coordina la lucha contra los paraísos fiscales en la OCDE.