Enormes trincheras de adoquines arrancados de la calle bloquean vías en ciudades y pueblos, como protesta contra el gobierno de Daniel Ortega y protección frente a los antimotines y parapoliciales que andan fuertemente armados.
A sus 78 años, Aristina Cerdas no permite que la silla de ruedas que usa la detenga y su hijo la lleva al templo de un humilde barrio de la rebelde y laboriosa ciudad de Masaya, la más reprimida en las protestas que dejan más de 200 muertos en dos meses.
«No tengo miedo de ir: en la iglesia es donde me fortalezco. Tenemos que orar mucho, porque la situación ha estado bastante fregada», dice la anciana a la AFP, mientras su hijo empuja la silla. Va apurado por temor a un tiroteo.
Las tradiciones en este país centroamericano marcan la rutina diaria: los domingos se desayuna tamales de maíz y cerdo, con la puesta del sol la gente saca sillas a la acera para platicar, cuando ya bajó el calor y al caer la noche aparecen las «fritangas», ventas de comida frita en plena calle.
Pero la calle ha sido tomada por la violencia desbordada. Ayer los manifestantes revelaron que seis ciudades fueron atacadas por las «fuerzas combinadas» del Gobierno de Nicaragua, con un saldo de al menos 3 muertos.
Eso sucedió a pocas horas de que se reiniciara el diálogo nacional con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para superar la crisis.
Las ciudades de Diriamba, Managua, Masaya, Matagalpa, Nagarote y Tipitapa, fueron atacadas desde anoche por las «fuerzas combinadas», que integran policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Los movimientos de ciudadanos «autoconvocados» de las diversas ciudades informaron de la muerte de al menos 2 personas en Managua y 1 en Tipitapa, mientras que en Nagarote reportaron 4 heridos, uno de ellos de gravedad.
En Masaya una vez más el sacerdote Edwin Román impidió una «masacre», ya que en pleno ataque fue a la estación de Policía a reclamar al jefe policial, Ramón Avellán, su promesa de no volver a disparar a la población, lo que dio efectos positivos, según los «autoconvocados».
En Diriamba los manifestantes denunciaron que las «fuerzas combinadas» del Gobierno de Daniel Ortega aprovecharon un ataque en horas de la madrugada para saquear el comercio, siguiendo el mismo patrón que en otras ciudades atacadas por el Gobierno.
En Nagarote los ataques continuaban después del amanecer de este lunes, mientras las autoridades utilizaban maquinaria pesada para desmontar las barricadas que la población usa para defenderse de los ataques.
Diálogo en medio de la violencia
En medio del asedio se reanudó este lunes. La comisión de la Iglesia católica que media en el diálogo anunció que se instalaron las mesas de trabajo con delegados del gobierno y de la opositora Asociación Cívica por la Justicia y la Democracia -de la sociedad civil-, para evaluar, como tema primordial, la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
«Los obispos de Nicaragua estamos esperando que el presidente Ortega nos comunique oficial y formalmente su aceptación de la propuesta que le hicimos (…), recogiendo el sentir de la mayoría de los nicaragüenses, sobre elecciones anticipadas», escribió en Twitter el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
La petición fue planteada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) el pasado 7 de junio en la mesa de conversaciones, pero Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022, pidió tiempo para reflexionar y aún no se pronuncia al respecto.
La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la «represión estatal» y consigna 212 muertos, más de 1.300 heridos y unos 500 detenidos en dos meses.
«Esta es una situación bastante crítica y es necesario que toda la comunidad internacional preste atención a lo que está pasando en Nicaragua», dijo Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, en una entrevista para CNN.
Durante esa sesión, una decena de gobiernos pidieron que «cese la represión», y Almagro recomendó un adelanto de elecciones a marzo como mínimo o en máximo 14 meses.
El diálogo ha sido suspendido tres veces, la última hace una semana porque el gobierno no había invitado a organismos internacionales para verificar la situación de derechos humanos.
Aunque rechaza los señalamientos de uso excesivo de la fuerza, el gobierno accedió a invitar a los organismos. El domingo llegaron a Managua técnicos de la CIDH y el martes lo harán funcionarios del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos.
Con información de agencias
