Ecuador registró el lunes en la tarde una nueva masacre carcelaria después de un enfrentamiento que dejó al menos 13 reclusos fallecidos y dos heridos. La matanza, en la que la mayoría de las víctimas son de nacionalidad venezolana, se produjo en la misma penitenciaría de la localidad de Santo Domingo de los Tsáchilas (a 80 km al oeste de Quito) en la que 44 reos también fallecieron en un motín en mayo.
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“Lamentablemente, personal del Centro reporta al momento 13 PPL (personas privadas de la libertad) fallecidas y dos heridos”, señaló por Twitter el organismo estatal a cargo de las prisiones SNAI. Agregó que con el apoyo de policías y militares “se retoma el control” de la cárcel.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, sostuvo que una facción del grupo R7, que es un apéndice de los Chone Killer, fueron alertados de la supuesta formación de otro grupo liderado por alias Goyo, quien murió en el amotinamiento. Por su parte, el medio Primicias sostuvo que la riña se produjo entre las bandas de Los Lobos y los R7, por el control del centro penitenciario.
“Según el ministro, presos de mayor peligrosidad serán trasladados desde Santo Domingo hacia La Roca, en Guayaquil. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existen personas fugadas”, se lee en el medio ecuatoriano.
Algunos periodistas y medios han reportado que el enfrentamiento entre presos dejó cuerpos decapitados o mutilados, tal como ha sucedido en otras masacres que desde 2021 se han registrado en varias cárceles ecuatorianas, con casi 400 muertos.
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Pero el problema en las cárceles de Ecuador es mucho más complicado. Aunque en las penitenciarías, donde las autoridades han incautado armas de fuego y explosivos, el hacinamiento sí se ha reducido con indultos y la aplicación de beneficios por buena conducta, aún hay varios asuntos pendientes por resolver.
Un informe publicado por la CIDH, en marzo de este año, hace un balance sobre esta situación: “Durante la visita a Ecuador, la comisión fue informada sobre actos de corrupción que impedirían el correcto funcionamiento del sistema”, se lee en el documento. Por dar algunos ejemplos nombrados por la CIDH, explican que las mismas autoridades reconocieron que la corrupción “ha facilitado el ingreso a los centros de privación de libertad de drogas, armas cortopunzantes, armas de fuego de corto y largo alcance, armas hechizas e incluso explosivos”, dice el informe.
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Sin mencionar que el país afronta una oleada de criminalidad relacionada con el narcotráfico que deja imágenes sangrientas con cuerpos decapitados y colgados de puentes al estilo de los carteles de México.
Con información de Afp*
