«Exigimos que el gobierno libere inmediatamente a Rosa María de su custodia y la devuelva a sus padres», escribieron los directivos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en una carta dirigida a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, y al secretario en funciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Eric Hargan, entre otros.

El martes 24 de octubre, la ambulancia en que se trasladaban Rosa María, de 10 años y con parálisis cerebral y su tía fue detenida. Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos querían comprobar el estatus  migratorio de los que viajaban en la ambulacia. La tía es ciudadana de Estados Unidos, peor la menor era ilegal.

Gracias a un salvoconducto médico, que explicaba que necesitaba una operación urgente de la vesícula, las autoridades  le permitieron ir al Hospital Pediátrico Driscoll de Corpus Christi. Pero siempre estuvo bajo custodia por agentes armados en todo momento, explicó el abogado de la familia a BBC Mundo.

Tras salir de la cirugía, la niña tuvo que recuperarse en una habitación siempre con la puerta abierta, pues los agentes necesitaban «vigilar» a la menor, pues ante su situación migratoria, la «menor debe ser deportada después del tratamiento médico», dijeron.  Los agentes migratorios hicieron turnos delante de la habitación del hospital de la pequeña durante más de 24 horas, primero en grupos de cuatro y luego en parejas.

Una niña detenida y vigilada 

Una vez recuperada, la Patrulla Fronteriza detuvo a la niña «sin tener una orden judicial» y la trasladó a un centro de detención de menores en la ciudad texana de San Antonio, un lugar donde no puede recibir la asistencia médica necesaria, según la organización civil. La órden médica recomienda que la niña esté siempre acompañada de un familiar, pero su tía no ha podido tener contacto con Rosa María.

Rosa María llegó a Estados Unidos a los tres meses de edad tras cruzar la frontera ilegalmente por Nuevo Laredo (Tamaulipas, México) con sus padres, que se establecieron en la ciudad fronteriza de Laredo (Texas).

«Al enviar a esta niña a uno de los albergues para niños recién llegados, la Patrulla Fronteriza está desconociendo que ha vivido aquí por más de diez años y que como residente del país la ampara la constitución», dijo a Efe Alex Galvez, abogado de inmigración que asesora a la familia.

«Al mandar a la pequeña a este albergue también están violando los derechos de la mamá que puede probar que ha cuidado de su hija por todos estos años, y además que la niña tiene una discapacidad», insistió Galvez.

Los padres de la menor emigraron de Nuevo Laredo (México) hace 10 años, cuando ella apenas tenía cuatro meses de edad.

La actuación de los agentes federales generaron una ola de indignación entre organizaciones civiles y legisladores demócratas, quienes calificaron el hecho como «inhumano» y demandaron la liberación inmediata de la menor.

La senadora por California Diane Feinstein señaló que en «todos los años de servicio público no ha visto una colección de hechos tan moralmente reprochables».

Galvez, que ya logró liberar a un menor indocumentado que sobrevivió al encierro en un camión en Texas en julio pasado, y asumió la defensa en este caso junto a la abogada Leticia González, cree que la administración Trump está tomando este caso para mandar un mensaje.

La organización civil ACLU advirtió en la misiva que si la administración Trump no cumple con esta petición antes de las dos de la tarde del martes 31 de octubre, se procederá a  «medidas legales inmediatas» y buscará «todos los recursos disponibles bajo la ley» para garantizar la liberación de la pequeña.

«Esta niña va a regresar con sus padres, y este caso nos va a servir para dar fuerza a una respuesta nacional a estos abusos», sentenció Galvez.

* Con información de EFE