El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) liberó información de 214.000 entidades offshore creada en 21 jurisdicciones, desde Nevada a Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas. Gran parte de esta información incluye la información de los dueños reales de estas empresas que por años han logrado mantener el anonimato.

La información puede ser consultada en línea en este enlace de la plataforma periodística Connectas (http://connectas.org/explore-los-panama-papers/). La base de datos también incluye información sobre más de 100.000 entidades offshore adicionales ICIJ ya había dado a conocer en su investigación Offshore Leaks realizada en 2013.

Además contiene una gran cantidad de información sobre propietarios de la empresa, apoderados e intermediarios en jurisdicciones secretas, pero no da a conocer las cuentas bancarias, los intercambios de correo electrónico y las transacciones financieras contenidas en los documentos.

Al realizar la búsqueda de nombres asociados a Colombia, aparecen 1.854 entidades offshore asociadas, con participación de 1.245 personas vinculadas a ellas y que coinciden con 679 direcciones en el país. .

Recientemente sobre el caso el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por su parte, señaló que parte del problema es que muchos de los esquemas revelados por los Papeles de Panamá son legales. «No es que están rompiendo las leyes, es que las leyes están tan mal diseñadas», dijo. Las revelaciones reavivado el debate sobre la necesidad de registros públicos en los que la información sobre quién controla en última instancia, una empresa sea accesible a todos.

El panel estará integrado por Emilia Díaz-Struck, editora de investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés), y Sol Lauría, investigadora de datos de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists, en alianza con Connectas.

Las preguntas se recibirán vía Twitter a través de la cuenta @ConnectasOrg y por el correo americas@connectas.org

El principio bajo el que se libera esta información es la convicción de que las sociedades por definición son actos públicos. En la mayoría de los países tener empresas o realizar transacciones offshore no son un delito en sí mismo. El problema es que el dinero tenga un origen ilícito, o que no se declare ante las autoridades tributarias correspondientes. Pero más allá de esta consideración, hay un gran debate mundial de la pertinencia que tiene la opacidad de estas transacciones.